La procuradora general de la Nación, Kenia Porcell, recomendó al pleno de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) declarar "inconstitucional" el decreto de la Contraloría General de la República, número 441-2016-DMySC del 25 de octubre de 2016, que establece los requisitos y mecanismos de control a la Asamblea Nacional para la entrega de apoyos, donativos o subsidios a personas naturales y organizaciones sin fines de lucro.
La recomendación de Porcell surge luego de que el abogado Ernesto Cedeño interpusiera una demanda de inconstitucionalidad contra el citado decreto ante la Corte Suprema.
Y fue la Corte solicitó -el 18 de noviembre pasado- una opinión a la procuradora Porcell sobre la demanda de Cedeño.
En su demanda, el abogado alega que con este decreto todos los diputados tienen la posibilidad de apoyar a las personas "como antes se hacía con las llamadas partidas". "Se le lleva el pedido al Presidente de la Asamblea y si él da el visto bueno, se le puede dar el subsidio o donativo hasta un tope, pero este tope se puede repetir hasta tres veces en un periodo fiscal en un año", señala Cedeño.
Además, sustenta que la Contraloría en vez de "impedir" que los diputado practiquen el “clientelismo”, lo que hace es legalizar “un procedimiento populista, carente de asidero constitucional”.
Añade, a su vez, que la Asamblea no tiene facultad constitucional de otorgar donativos ni subsidios. Cita, por ejemplo, el número 2 del artículo 280 de la Constitución Política, que establece las funciones de la Contraloría.
En su opinión, la Procuradora sostiene que lo que sustenta el demandante “resulta certera”, porque la aprobación de estos requisitos para que la Asamblea entregue donativos y subsidios “no tiene asidero jurídico en la normativa legal”.
Destaca que existen entidades que fueron creadas especialmente para la entrega de subsidios y donativos, como por ejemplo el Ministerio de Desarrollo Social, la Lotería Nacional de Beneficencia, Zona Libre de Colón, Alcaldía de Panamá, Fondo de Inversión Social, Ministerio de Salud, Despacho de la Primera Dama, entre otros.
“... La naturaleza jurídica de dicho Órgano del Estado panameño [la Asamblea Nacional], según se extrae del contenido y estudio de las normas constitucionales relativas a su existencia, revelan que no está destinada a tal actividad [de entregar donativos y subsidios], sino más bien hacia la labor legislativa (expedir leyes judiciales]; judicial, cuando le corresponda juzgar al Presidente de la República o a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia; y administrativa. Es más, le está vedado inmiscuirse por medio de resoluciones en asuntos que son la privativa de competencia de otros Órganos del Estado”, señala Porcell.
En su momento, el contralor Federico Humbert justificó la aprobación del reglamento al explicar que la Contraloría no tenía la capacidad para controlar algún tipo de donación que quisiera dar la Asamblea “razón por la cual e iniciativa propia, y para estar seguro de que pudiéramos controlar como se manejan los fondos, decidimos hacer un manual de Contraloría en donde le poníamos tope, límites, a lo que se podía gastar y se lo mandamos entonces para que fuera publicado en la Gaceta Oficial”.
Aseguró que no se trata de tema de “partida circuital”, sino que “lo que hicimos simplemente fue poner manuales con restricciones para asegurarnos que los fondos se manejen de forma transparente para que no vuelva ocurrir lo que ocurrió en el pasado”.
La Contraloría, a través del decreto demandado, se estableció un monto máximo que será de hasta 2 mil 500 dólares en caso de donativos a personas, como ayuda para gastos varios; mientras que para gastos médicos y apoyos a organizaciones sin fines de lucro el tope será de 10 mil dólares. Para el caso de estudios y apoyos deportivos para atletas, el máximo será de 5 mil dólares; para apoyo a juntas comunales el aporte máximo será de 15 mil dólares y para respaldo deportivo para atletas se podrá asignar hasta 20 mil dólares.