Un anteproyecto de ley que busca que todas las sumas que empresas o contratistas del Estado deban pagarle a la Nación por razón de acuerdos suscritos con el Ministerio Público (MP), tras la aceptación de posibles actos delictivos dentro y fuera de Panamá, sean descontadas de los montos que el Estado deba pagarles por la contratación de obras o de servicios, fue presentado la tarde de este 23 de agosto en el pleno de la Asamblea Nacional por el diputado perredista Elías Castillo.
En la exposición de motivos, el diputado plantea que un ejemplo de los casos que entrarían dentro de esta norma sería el acuerdo al que llegó la empresa Odebrecht con el MP, en la cual la constructora debe pagar $220 millones al Estado, en 12 años, por usar el centro financiero panameño para mover dineros del pago de sobornos a funcionarios y políticos a nivel local e internacional.
Castillo señaló que esta iniciativa busca recuperar los dineros del Estado con mayor prontitud.
“El sector de Juan Díaz está pasando páramo producto de las inundaciones, para eso no hay recursos, pero tenemos una empresa que le ha creado lesiones al erario público y estamos siendo complacientes”, dijo.
El documento también indica que el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), conjuntamente con la Contraloría General de la República, hará una revisión de las cuentas por pagar y de los contratos en ejecución para determinar las sumas que el Estado le deba a las empresas o contratistas para programar los descuentos correspondientes.
La norma será de carácter retroactivo, por razón de orden público e interés social y alcanza a los acuerdos suscritos con anterioridad a su vigencia.