Por falta de quórum, la Comisión de Economía y Finanzas de la Asamblea Nacional no discutió un anteproyecto –numerado 193- que pretende eliminar todos los cambios introducidos en el último quinquenio a la Ley de Contrataciones Públicas (Ley 22 de 2006), que flexibilizó los procedimientos para licitaciones “abreviadas” y por mejor valor, y aumentó las fianzas para los recursos de impugnación, entre otras cosas.
La comisión fue convocada para hoy, a las 11 am, pero la sesión no pudo celebrarse, ya que únicamente acudieron los diputados Iván Picota y Gabriel Soto. Éste último, que es presidente de la comisión, suspendió la sesión, ante la ausencia de sus colegas.
La propuesta legislativa, que presentó la diputada independiente Ana Matilde Gómez el pasado 9 de marzo y que aún debe ser prohijada, busca que al Programa de Ayuda Nacional (PAN) se le vuelva a aplicar la Ley 22, norma de la que fue exceptuada dicha entidad en el año 2010.
Ana Matilde Gómez
Diputada
En los últimos cinco años, la Ley de Contrataciones Públicas sufrió nueve modificaciones. Estos cambios, según Gómez, “permitieron que se cometieran actos de corrupción y mal uso de los fondos públicos, violaciones al principio de transparencia y del debido proceso, así como el de responsabilidad de los servidores públicos”.
"Durante el gobierno del señor Martinelli se hicieron nueve reformas a esa ley, todas en reversa, todas para abrir los espacios de discrecionalidad", señaló Gómez.
Para Carlos Gasnell, presidente ejecutivo de la Fundación para el Desarrollo de la Libertad Ciudadana (capítulo panameño de Transparencia Internacional), se ha enviado un mensaje negativo al no realizarse la sesión.
"No le importa mucho al gobierno. De hecho, muchas de las licitaciones que se están realizando están utilizando los mismos procedimientos que sirvieron de base para que se realizaran esos supuestos actos de corrupción que están siendo investigadas por el Ministerio Público", indicó Gasnell.
Actualmente, el Ministerio Público investiga compras irregulares por hasta $1,200 millones, con fondos del PAN, en la administración pasada. Los exdirectores del PAN, Giacomo Tamburrelli y Rafael Guardia, se encuentran con medidas cautelares de detención preventiva. El primero, en su casa, en régimen de arresto domiciliario, y el segundo, en la cárcel El Renacer.
En la Asamblea, hay otro anteproyecto -presentado por los diputados Jorge Rosas y Luis Eduardo Quirós- para desmantelar el PAN. El presidente Juan Carlos Varela ya anunció su intención de reconvertir dicha oficina en una "dirección" dentro de la Presidencia de la República.
(Con información de Jorge Fernández).
