El procurador de la Administración, Rigoberto González, pidió a la Corte Suprema de Justicia (CSJ) declarar inconstitucional la norma que establece la prueba idónea, requisito que exige el Código Procesal Penal para acompañar las denuncias contra los diputados.
La solicitud la hizo después de que la firma forense Estudio Jurídico Cedeño presentara una acción de inconstitucionalidad contra el numeral 4 del artículo 488 del Código Procesal Penal, incluida luego a la Ley 55 de 2012 relativa a los procesos contra los diputados.
De acuerdo con el procurador, el numeral demandado "vulnera el principio de presunción de inocencia" -como también lo sustentó la firma- contenido en el artículo 22 de la Constitución.
El artículo 22 señala: "Toda persona detenida debe ser informada inmediatamente y en forma que le sea comprensible, de las razones de su detención y de sus derechos constitucionales y legales correspondientes. Las personas acusadas de haber cometido un delito tienen derecho a que se presuma su inocencia, mientras no se pruebe su culpabilidad en juicio público que le haya asegurado todas las garantías establecidas para su defensa...".
A juicio del procurador, la norma demandada obliga al denunciante a presentar, de manera preliminar, las evidencias que demuestren la comisión del hecho punible.
"Es decir, aquellos elementos de convicción que permitan relacionar al investigado con ese hecho, con lo cual se establece, a priori, la culpabilidad del mismo antes de que se haya iniciado la investigación penal correspondiente, y sin que se le hayan asegurado las garantías establecidas para su defensa en un juicio público", dijo.
Señaló que además, la norma viola el principio del debido proceso consagrado en el artículo 32 de la Constitución, "dado que se pretende que sea el denunciante o el querellante quien supla a la autoridad competente en su deber de realizar todas las investigaciones necesarias para corroborar los hechos establecidos en la denuncia o en la querella con la colaboración de los organismos de investigación, de manera que se pueda lograr la consecución de cualquier elemento de convicción ajustado a los protocolos de actuación propios de las técnicas o las ciencias forenses para tal fin".
El abogado Ernesto Cedeño reaccionó ante la opinión del procurador: "Si la Corte avala [la solicitud[ esto fenece el blindaje de los disputados y la impunidad".