La Red de Derechos Humanos de Panamá presentó este lunes, 23 de octubre, un total de 10 denuncias, en el inicio del 165 período de sesiones convocado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en Montevideo, Uruguay. El informe presentado por la Red ante la sesión de la CIDH da cuenta de activistas sociales panameños "agredidos" mediante demandas civiles o penales por defender a sus comunidades. Advirtieron que, a los más beligerantes, se les hacen demandas por mayor cuantía para "desanimarlos y amedentrarlos". Así, "actualmente hay activistas, defensoras y defensores con demandas de 10 millones, cinco millones y un millón de dólares", según el informe. El documento entregado este lunes también contiene tres casos de conflictos ambientales y de expropiación de recursos naturales. Detallaron que una práctica que está apareciendo consiste también en demandar a los abogados de las asociaciones y líderes sociales. Asimismo, se hizo énfasis en que se han dado casos de detenciones "arbitrarias" a defensores y defensoras de derechos humanos que abogan por causas de salud sexual y reproductiva, derechos de las trabajadoras sexuales y personas LGTBI. Al respecto, Magaly Castillo, integrante de la Alianza Ciudadana Pro Justicia, dijo que la cantidad de denuncias presentadas hoy en Montevideo supone un aumento "sistemático" en la intimidación. El informe también cita algunas recomendaciones al Estado panameño, en el sentido de que retome los compromisos sugeridos por la CIDH en la sesión en marzo pasado, efectuado en Washington (Estados Unidos) y que se resumen en la apertura de un diálogo con los activistas criminalizados. A su vez, se hizo un llamado al Ministerio Público de Panamá por "aceptar denuncias sin sustento jurídico" y a los jueces que aceptan demandas civiles millonarias o secuestro de bienes en contra de activistas, defensores y de sus abogados. En la sesión efectuada en Uruguay, por parte del Gobierno de Panamá estuvo presente Salvador Sánchez, viceministro de la Presidencia. Sánchez dijo que existe el compromiso por parte de las autoridades panameñas en fomentar una mesa en aras de lograr un mecanismo que proteja a los defensores de los derechos humanos en el país.
SESIONES EN MONTEVIDEO, URUGUAY