En secreto. Y al margen de la ley. Así se manejan los millonarios trabajos de remodelación del histórico edificio que alberga la Presidencia de la República desde el año 1875.
Las obras, que fueron anunciadas a finales de 2004, se estarían llevando a cabo sin la aprobación de la Comisión Nacional de Arqueología y Monumentos Históricos (Conamoh).
La Conamoh es, por ley, el organismo asesor de la Dirección Nacional de Patrimonio Histórico que tiene nada menos que la importante función de examinar, analizar y considerar todos los proyectos de restauración y mejoras en el Casco Viejo.
Toda obra de restauración en el Casco Viejo requiere del consentimiento previo de esta Comisión de siete miembros.
El presidente interino de la Conamoh, Luciano Angeloni, dijo desconocer el tema de las remodelaciones en el palacio presidencial.
“Yo no lo he visto [los planos]. Pero tampoco estuve todo el tiempo allí. Ni siquiera sé en qué época sucedió”, dijo.
Angeloni es miembro de la Conamoh desde el año 1987, en representación de la Universidad Santa María la Antigua (USMA).
Otros tres miembros de la Comisión –Milciades Solís, representante de Archivos Nacionales; Tarcisio Valdés, de la Universidad de Panamá, y Román Lorenzo, de la Universidad Tecnológica– también dijeron no conocer sobre esos trabajos.
Uno de ellos, Román Lorenzo, incluso agregó que la Presidencia “nunca” envía sus proyectos de restauración a la Comisión.
“El último argumento que escuché es que eso era secreto o de alto compromiso con la seguridad”, recordó.
Poca transparencia
En Patrimonio Histórico no quieren informar si las obras de la Presidencia tienen los planos aprobados.
Lineth Montenegro, directora de Patrimonio Histórico, negó a este diario información sobre los documentos que avalan las remodelaciones. También negó copia de los planos aprobados y de los informes de inspección realizados por el personal de la dirección.
Las obras son evidentes para cualquier peatón que camine cerca del histórico inmueble.
La solicitud de información fue enviada a la directora de Patrimonio Histórico el pasado 28 de octubre, al amparo de la Ley 6 de enero de 2002 (conocida como Ley de Transparencia).
Según la referida norma, los funcionarios están obligados a dar información a los ciudadanos sobre temas públicos. Para ello otorga un plazo de 30 días, que solo puede ser prorrogado por 30 días adicionales, en caso de peticiones complejas.
A Patrimonio Histórico le corresponde aprobar todos los proyectos de restauración u obra de conservación de los monumentos nacionales e históricos. Esto se hace siguiendo recomendaciones de Conamoh.
Toda construcción particular en el Casco Viejo está sujeta a un engorroso proceso de presentación y sustentación de anteproyectos y planos ante los organismos fiscalizadores del conjunto monumental.
Esta facultad está reconocida en el Decreto Ley 9 de 1997 y en la Ley 58 de 2003.
El palacio presidencial panameño, además de haber sido declarado monumento histórico, está dentro del conjunto monumental de San Felipe. Se trata de una edificación “de primer orden”, por lo cual debe conservarse íntegramente, siguiendo una “metodología científica”.
A escondidas
Reinier Rodríguez, que fue director del Instituto Nacional de Cultura (Inac) hasta octubre de 2007, dijo que a su despacho no llegó nada relacionado con las obras presidenciales.
“Nunca me informaron nada. De haber algún archivo, debe estar en Patrimonio Histórico”, dijo.
Sebastián Paniza, presidente en Panamá del Consejo Internacional de Monumentos y Sitios (Icomos, por sus siglas en inglés), un organismo asesor de la UNESCO, condenó que las obras en el Palacio de las Garzas se lleven a cabo a escondidas.
“En Patrimonio Histórico dicen que por seguridad no pueden decir nada. Pero me parece inaudito, porque la Presidencia no es propiedad de ningún presidente. Es propiedad del Estado”, señaló. Paniza recordó que a finales de 2004 fue contactado por la Presidencia para formar parte de un grupo asesor, una especie de “patronatito” que supervisaría las obras. “Hasta se hizo una primera actividad, una cena en las navidades, en la Presidencia. Se recolectó una platita, como 50 mil dólares. Pero de repente, más nunca me llamaron”, recordó.
Hasta la fecha, ni el vocero presidencial ni ningún otro funcionario de Palacio ha podido presentar autorización alguna de parte de la Dirección de Patrimonio Histórico autorizando la remodelación.
Tampoco se ha hecho público qué criterio se está utilizando para llevar a cabo estos trabajos.
Los millones desembolsados para la remodelación
Las remodelaciones en el palacio presidencial ni cuestan 3.4 millones de dólares ni son financiadas con “donaciones”.
El ministro de la Presidencia, Rafael Mezquita, reconoció este martes que las obras han costado hasta ahora $8.8 millones –5.4 millones más de lo originalmente anunciado–, y que el financiamiento es “enteramente público”. Las obras son ejecutadas por la Dirección General de Mantenimiento de las Obras Canaleras y el Ministerio de la Presidencia, “con la dirección técnica del arquitecto Ignacio Mallol”. Mezquita justificó las obras, con el argumento de que la Presidencia padecía un “importante” deterioro estructural por efectos del tiempo y de la acción del salitre.
El ministro detalló que ya terminaron las obras en el edificio La Marina y la Casa de la Moneda. En cuanto a las Garzas, este fue completado en un “85% de superficie”. Además, se incorporaron cables para equipamiento electrónico y de comunicaciones, así como dispositivos de seguridad para incendios.
Todavía se hacen trabajos en otro edificio adyacente, los ascensores y el lobby del Salón Paz.
Los 8.8 millones de dólares se gastaron así: 4.8 millones en construcción y mejoras; 3.4 millones en maquinaria y equipos, y “algo menos” de 600 mil en pagos al “personal especializado”.
Esta cifra incluye los desembolsos realizados de 2006 a 2008. No se informó sobre los gastos hechos en 2004 y 2005.
Pero como las remodelaciones continúan, los golpes de chequera también: en el presupuesto de Estado de 2009 hay una asignación de 2.94 millones de dólares para estos menesteres.
Es decir que, en total, se gastarán más de 11. 7 millones en las obras.
Esta cifra difiere de un cálculo hecho por la bancada del opositor Partido Panameñista. Un informe preparado por ellos da cuenta de que los trabajos han costado más plata: 13.5 millones de dólares, para ser exactos.
Esta cifra, advierten, “no incluye el costo de los salarios de los funcionarios que han laborado en este proceso de ‘rehabilitación”.
Mezquita anunció que al próximo gobierno le corresponderá “asumir” la remodelación “total” de la Casa Blanca y la Casa Alianza.
