El asesor del Ministerio de Educación (Meduca) Manuel Solís Palma seguirá en su cargo, luego de que el procurador de la Administración, Óscar Ceville, determinó que no entra en la categoría de servidor público y por lo tanto no se le puede aplicar la llamada Ley Faúndes que obliga a los funcionarios a retirarse a los 75 años.
Según la opinión de Ceville -remitida ayer al contralor Dani Kuzniecky-, aquellos funcionarios, técnicos o personas naturales que prestan servicios al Estado mediante contrato por servicios profesionales no son empleados públicos.
Según una nota enviada por el Meduca a Ceville, Solís Palma firmó con ellos un contrato de servicios especiales en 2005 y dos de consultoría (uno en 2006 y otro en 2007).
Solís Palma, de 89 años, manifestó ayer, a través de un comunicado de prensa de la Presidencia, que él decidió prestar en forma gratuita sus servicios a raíz de los cuestionamientos públicos por su edad.
La nota detalla que Solís Palma "lamenta muy sinceramente los inconvenientes que su presencia física" le ocasionó al presidente, Martín Torrijos, y al titular de Educación, Miguel Ángel Cañizales.
Pero según la procuradora de la Nación, Ana Matilde Gómez, además de los contratos, "todo aquél que reciba remuneración del Estado entra en la categoría de servidor público".
