Una semana después de que este diario revelase que unas fincas, probablemente inexistentes, fueron utilizadas para garantizar las fianzas de excarcelación de varios implicados en el caso de la llamada narcoavioneta, el Registro Público estableció finalmente una restricción para su utilización.
Se trata de las fincas 332406 y 319525, supuestamente ubicadas en los corregimientos de Río Hato y La Pacora, respectivamente, distrito de Antón, provincia de Coclé, que utilizaron la exdirectora de Recursos Humanos del Ministerio Público (MP) Eva Lorentz; la exfiscal de Herrera y Los Santos Milagros Valdés, y el abogado Alcibiades Ballesteros para evadir la cárcel, tras el escándalo de corrupción que provocó la salida de Giuseppe Bonissi de la Procuraduría de la Nación.
Ambas fincas están siendo investigadas por la Dirección de Catastro y Bienes Patrimoniales, al no encontrarse los números de los planos ni su ubicación, según los datos inscritos en el Registro Público. El español Miguel Amat Torras aparece como la persona vinculada, en algún momento, a la propiedad de ambas fincas
En consecuencia, la Dirección Nacional de Calificación y Certificación del Registro Público ordenó el jueves pasado la inactivación de ambas fincas, con el propósito de evitar la emisión de certificaciones y el registro de inscripciones.
La medida fue adoptada por informes internos hechos a raíz de la publicación de La Prensa, que dejaron en evidencia una serie de anomalías que motivaron la destitución de Santiago Ortiz, jefe regional del Registro Público en Bocas del Toro.
Antes del impedimento ahora establecido por el Registro Público, y a sabiendas de que el MP también había iniciado una investigación, el juez sexto penal Jorge Brown aceptó una garantía adicional de $308 mil utilizando la finca 332406, a favor de Anabella del Carmen Wolfschoon de Montenegro, sindicada por el delito contra el patrimonio económico.
En este caso también actuó como garante la abogada Emilsa Bermúdez, fiadora de Lorentz, Valdés y Ballesteros.
