La libertad de prensa en las Américas atraviesa un período de deterioro institucional, caracterizado por el aumento de las presiones políticas, el acoso judicial, las demandas millonarias, la censura y la violencia contra periodistas.
Estas son algunas de las principales advertencias del informe correspondiente a abril-octubre de 2026, presentado por la Comisión de Libertad de Prensa de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), durante la 82ª Asamblea General realizada en Bogotá, Colombia.
Marta Ramos, presidenta de la Comisión de Libertad de Prensa de la SIP, advirtió que las amenazas contra el ejercicio periodístico no constituyen hechos aislados, sino que forman parte de un entorno cada vez más adverso para quienes investigan asuntos de interés público.
“No estamos frente a amenazas aisladas. Estamos ante un entorno en el que investigar al poder puede significar enfrentar una demanda millonaria, ser objeto de campañas de desprestigio, perder el empleo, sufrir una detención arbitraria o, en los casos más graves, perder la vida”.
El informe identifica una tendencia en la región: la violencia contra periodistas se combina con mecanismos de censura política, judicial, económica y digital.
Ramos sostuvo que “el acoso político y judicial se ha convertido en una herramienta para intimidar, castigar y silenciar al periodismo”, una situación que, según el documento, se manifiesta mediante ataques públicos desde el poder, procesos judiciales y medidas que dificultan la investigación periodística.
Ataques desde el poder y demandas millonarias
Uno de los aspectos señalados por la SIP es la estigmatización de periodistas por parte de autoridades.
En Argentina, el informe documenta la intensificación de los ataques del presidente Javier Milei contra periodistas y directivos de medios de comunicación.
También advierte sobre iniciativas legislativas en otros países que buscan sancionar la supuesta desinformación o penalizar la publicación de contenidos de interés público.
“Los ataques desde el poder no son simples descalificaciones. Cuando una autoridad estigmatiza públicamente a un periodista, busca debilitar su credibilidad y enviar un mensaje de advertencia a quienes se atreven a cuestionarla”, expresó Ramos durante la presentación del informe.
A las presiones políticas se suma el uso de los tribunales mediante demandas promovidas por actores políticos y empresariales.
En Panamá, el informe señala que Corporación La Prensa enfrenta 12 demandas por un monto acumulado de $12.5 millones, promovidas por figuras políticas.
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En Brasil, se registran 183 procesos judiciales contra la prensa en Alagoas, mientras que en Perú periodistas enfrentan demandas millonarias impulsadas por sectores empresariales y políticos.
La SIP advierte sobre el potencial intimidatorio de los litigios estratégicos contra la participación pública, conocidos como SLAPP, cuyo objetivo o efecto puede extenderse más allá de una sentencia judicial.
Estos procesos pueden obligar a los medios a destinar recursos a su defensa, desgastar a los periodistas y desalentar futuras investigaciones sobre asuntos de interés público.
El exilio de periodistas
El desplazamiento forzado de comunicadores constituye otra de las preocupaciones expuestas por la SIP.
En Nicaragua, mencionan que más de 300 periodistas trabajan desde el exilio, mientras que en El Salvador más de 40 comunicadores se han visto obligados a abandonar el país. En Ecuador, el crimen organizado ha provocado la salida de una docena de reporteros.
Ramos advirtió sobre las consecuencias personales y sociales de esta situación.
“Cada periodista que se marcha deja atrás su hogar, sus redes de apoyo y, muchas veces, la posibilidad de seguir cubriendo de cerca a su propia comunidad”.
El informe también señala que abandonar el país no necesariamente pone fin a los riesgos.
Los periodistas desplazados pueden enfrentar dificultades económicas, incertidumbre migratoria y consecuencias psicológicas derivadas de la persecución. Además, el documento advierte que las comunidades pierden a profesionales que documentaban abusos y exigían rendición de cuentas.
La situación de los periodistas exiliados también se ha complicado en Estados Unidos. Según la presentación, las medidas contra la comunidad migrante han puesto en riesgo a comunicadores que enfrentan detenciones y amenazas de deportación hacia países donde podrían ser encarcelados.
Restricciones a la prensa en Estados Unidos
El informe dedica especial atención a Estados Unidos, donde documenta medidas que afectan el acceso a las autoridades y la protección de las fuentes periodísticas.
Entre los hechos mencionados figura la exclusión de CNN, MS NOW y Politico del acceso a la Casa Blanca por parte del presidente Donald Trump, en septiembre de 2026.
Según el documento, el grupo de televisión de la prensa acreditada suspendió conjuntamente su cobertura como protesta.
Asimismo, el informe registra citaciones judiciales dirigidas a periodistas de The Washington Post, The New York Times y un reportero independiente para identificar fuentes confidenciales.
También menciona una investigación de la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) contra el programa The View y medidas que restringen la duración de las visas para periodistas extranjeros.
Al referirse a estas situaciones, Ramos advirtió que “cuando el acceso a las autoridades, la protección de las fuentes o la continuidad del trabajo periodístico se convierten en instrumentos de presión, se debilitan garantías esenciales de una democracia”.
Asesinatos, violencia e impunidad
La violencia física continúa siendo una amenaza para los periodistas en las Américas. El informe documenta asesinatos de comunicadores en México, Colombia, Perú y Haití, además de secuestros y agresiones en este último país.
La SIP también advierte que los niveles de impunidad permanecen elevados y que la ausencia de investigaciones eficaces e independientes contribuye a mantener un entorno de temor y autocensura.
Ante este panorama, la Comisión de Libertad de Prensa considera indispensable investigar los crímenes contra periodistas y sancionar tanto a los autores materiales como a los intelectuales. También plantea establecer mecanismos contra las demandas judiciales abusivas, derogar normas que criminalizan la labor informativa, garantizar una distribución transparente y equitativa de la publicidad oficial y proteger la confidencialidad de las fuentes.
Ramos insistió en la necesidad de que los gobernantes cesen la estigmatización de periodistas y que los Estados garanticen condiciones para ejercer el oficio sin represalias.
La presidenta de la Comisión de Libertad de Prensa dejó una advertencia sobre las condiciones necesarias para garantizar el ejercicio periodístico:
“La libertad de prensa no se mide únicamente por la posibilidad de publicar. Se mide por la posibilidad de investigar sin represalias, cuestionar al poder sin temor y ejercer el periodismo sin tener que abandonar el hogar para salvar la vida”.
