Mientras el país está enfocado en el Seguro Social, donde ya a estas alturas solo queda esperar que para las calificadoras lo aprobado sea suficiente, en el sistema de justicia se cocinó otro negocio redondo: facturas al Estado, ventas con sobrecostos que ascienden a $12.3 millones, devuelves $2.3 y conmutas la cárcel. Y… no pasa nada.
El lunes, la Fiscalía Superior Anticorrupción cerró el caso de Mario Martinelli, el hermano del asilado, con un acuerdo de pena. ¿El castigo? 40 meses de cárcel conmutables (o sea, pagas y no pisas la cárcel) y devolver una fracción del dinero. Nada mal el negocio para alguien que hizo millones vendiéndole arroz y lentejas con sobreprecios escandalosos al desaparecido y funesto PAN.
Los documentos del caso dejan claro cómo operaban. La empresa Hialing Corporation vendió arroz al PAN a $80 el quintal y lentejas a $100 el quintal, cuando el precio de referencia era de $49 y $55, respectivamente. Casi el doble. ¿La diferencia? Millones en sobreprecios que salieron de los impuestos de todos los panameños.
Mario Martinelli era el financista del negocio y el que manejaba los hilos desde atrás. Lo hizo junto con Pablo Ruiz Obregón, representante legal de esa empresa y quien confirmó que Mario Martinelli era su socio capitalista. También estaban involucrados Roberto Brin y Roberto Luzcando, empleados del Súper 99.
Pero claro, como no era conveniente que el hermano del presidente apareciera directamente en el negocio, usaron empresas de fachada y testaferros para ocultarse.
Las pruebas en contra de Mario Martinelli no eran pocas. Había transferencias bancarias, cheques, testimonios y documentos que mostraban cómo el dinero fluía hacia sus cuentas. Según el acuerdo de pena, solo entre enero y agosto de 2014 Martinelli recibió $4.7 millones en cheques emitidos por Hialing Corporation. De una sola empresa.
Algunos de esos cheques eran en concepto de “dividendos”, o sea, las ganancias del robo disfrazadas de pagos legítimos. Y para acabar, también había pruebas de que el dinero pasaba por el Banco Panamá, del que Martinelli era socio, según un testigo del caso.
Lo peor no es solo el robo descarado, sino la impunidad con la que todo se resuelve.
Este caso tomó fuerza en 2015, cuando la Contraloría entregó un informe detallando el saqueo al PAN. Nueve años después, la Fiscalía dice que el acuerdo se hizo porque había pruebas suficientes para condenarlo. Es decir, la Fiscalía tenía suficiente para llevarlo a la cárcel. Pero prefirió llegar a un acuerdo de pena. ¿Por qué y a cambio de qué? ¿Por qué no se le hizo pagar el equivalente a su robo? ¿Por qué no se castiga, del todo, la intención y el hecho de haberle robado al Estado. ¿Acuerdo de pena? En todo caso eso hubiera sido pasable al inicio del proceso y para ayudar en la investigación. ¿Pero a estas alturas, cuando el tipo estaba a un paso de pisar la cárcel? ¿Y después de haber obstaculizando la investigación mintiendo sobre su relación con sus empresas estafadoras? Por favor. ¿Indulgencia por qué? Aquí no hay justicia, hay negociación. No hay castigo, hay acuerdos. Y con acuerdos como este, que huelen, caminan y saben a impunidad, el mensaje es claro: si tienes los contactos correctos y el apellido adecuado, puedes robar relax.
Mario Martinelli no es el primero ni será el último en hacerse más millonario a costa del Estado y salir libre dejándonos una pinche propina. Y mientras la justicia siga funcionando así, Panamá seguirá siendo el paraíso de estos ladronazos. Por cierto, procurador, ¿cómo van, si es que van, las investigaciones tras el robo inescrupuloso y sin precedentes del PRD? ¿O que siga la orgía de saqueos?
