La diputada Alexandra Brenes, de la bancada Vamos y presidenta de la Comisión de la Mujer, la Niñez, la Juventud y la Familia de la Asamblea Nacional, ha encabezado visitas a ocho albergues que atienden a niños, niñas y adolescentes en Chiriquí, Veraguas, Coclé y Panamá Oeste durante las últimas semanas.
En conversación con este medio, la diputada del circuito 8-2 (San Miguelito) afirma que, aunque las instalaciones están en buen estado, los recorridos han revelado fallas más profundas en el sistema de protección a la niñez.
El primer obstáculo que encontraron es la falta de autonomía para supervisar: “Yo quería hacer estas visitas como presidenta de la Comisión de la Mujer, pero Senniaf nos dijo a qué albergues podíamos visitar y cuáles no”, afirmó. Incluso relata que, ya en Chiriquí, la entidad cambió dos albergues de la lista original sin previo aviso.
La Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (Senniaf), creada mediante la Ley 14 de 2009, es la entidad encargada de garantizar la protección integral de los derechos de niños, niñas y adolescentes, en especial de aquellos en situación de riesgo, abandono o vulnerabilidad.
A lo anterior se suman problemas de coordinación entre las instituciones responsables de los programas sociales dirigidos a menores. Las becas, auxilios y subsidios operan bajo criterios distintos según el albergue: “No hay unificación”, resume Brenes. “En algunos albergues las cuidadoras cambian los cheques (de becas del Ifarhu); en otros son los padres, y no hay comunicación interinstitucional”, cuenta.
El pasado jueves visitaron el Hogar San José de Malambo, en Panamá Oeste, centro de acogida que, según narra, “no recibe subsidio desde julio”. En este panorama, la diputada cuenta que la mayoría de los albergues sobreviven por esfuerzos privados: “Los albergues se mantienen en un 70% con donaciones”, explica.
Mora judicial
Uno de los hallazgos más significativos es la mora judicial que afecta directamente a los menores bajo protección. Brenes narra que el juzgado de niñez no entrega informes a tiempo, lo que obliga a psicólogas y trabajadoras sociales a repetir entrevistas sensibles. “Las psicólogas tienen que revictimizar al niño porque no hay informe”, afirma.
El caso más crítico lo encontró precisamente en el albergue de Malambo: “Veinte niños no han tenido ningún movimiento en su expediente desde 2018”, dice. Sin ese documento, los menores permanecen institucionalizados durante años sin claridad sobre su situación familiar o legal.
El Estado, ‘un gestionador’
Si bien la diputada reconoce que las condiciones materiales en estos centros de protección han sido positivas, pues han encontrado espacios limpios, camas tendidas y alimentación adecuada, aclara que eso contrasta con la fragilidad del apoyo estatal. “El Estado es un gestionador. Quienes realmente protegen son los albergues, que se sostienen por fundaciones y organizaciones”, dice al consultársele sobre si el Estado protege la niñez del país.
La diputada también afirma que Senniaf opera con personal insuficiente y que el Ministerio de Desarrollo Social no logra garantizar la regularidad de los subsidios destinados a estos centros: “Hay mucha burocracia y falta de voluntad para agilizar los apoyos”, narra.
La Senniaf, entidad a cargo de Ana Fábrega, manejará un presupuesto de $164,763 en 2026 para inversiones y $8.4 millones para funcionamiento.
Lo que sigue
De cara al futuro inmediato, Brenes anticipa que será necesario revisar la Ley 285 de 15 de febrero de 2022, que crea el Sistema de Garantías y Protección Integral de los Derechos de la Niñez y la Adolescencia en Panamá, así como abrir un debate sobre la responsabilidad parental en los casos de abandono y desprotección.
“Los niños no son un paquete”, sostiene. “Hay padres que dejan a sus hijos en un albergue y no tienen ninguna responsabilidad. Eso no puede ser”, destaca. Para la diputada, la falta de consecuencias envía el mensaje equivocado y perpetúa un ciclo en el que el Estado asume cargas que deberían tener límites y sanciones claras.
Las visitas a los albergues continuarán en los próximos días. La próxima parada es Colón. Una vez concluyan los recorridos, la Comisión de la Mujer elaborará un informe técnico comparativo con el documento publicado en 2021, a fin de identificar mejoras y retrocesos.
Mientras tanto, la diputada advierte que “falta comunicación interinstitucional, faltan acciones y faltan reformas. Lo que está en juego son los procesos y la protección real de los menores”, dice.
