La Alcaldía de Panamá, dirigida por el alcalde Mayer Mizrachi, se acogió a una prórroga de 30 días adicionales contemplada en la Ley de Transparencia para entregar información detallada sobre la contratación de asesores municipales.
El ciudadano Freddy Pittí explicó que el Municipio debía responder la solicitud el pasado 22 de mayo, fecha en la que vencía el plazo de 30 días establecido por la normativa para que las instituciones públicas suministren información requerida por la ciudadanía.
Pittí también solicitó, con base en la Ley 6 del 22 de enero de 2002, conocida como la Ley de Transparencia y Acceso a la Información, datos relacionados con la suspensión de obras por presunta falta de fondos y los gastos destinados a contratos de publicidad.
“El Municipio solicitó una prórroga, la cual está amparada en el artículo 7 de la Ley 6 de 2002. Si bien es un procedimiento previsto en la normativa, estaré atento a que el cumplimiento de esta solicitud sea íntegro y se dé dentro del nuevo término”, advirtió.
A juicio de Pittí, la información requerida es clave para que la ciudadanía comprenda cómo se están administrando los fondos públicos, particularmente la justificación para “destinar $4 millones al año en publicidad y mantener contratos de asesoría con salarios de hasta $6,000 mensuales”.
“Es necesario contrastar esto con la realidad actual, donde, tras dos años de gestión, los retos urbanos se agudizan y la cancelación de obras necesarias es constante, bajo el argumento de una supuesta falta de recursos”, sostuvo.
En una nota formal, el Municipio informó que actualmente trabaja en la “recopilación, revisión y consolidación de la información solicitada”.
No obstante, alegó que, debido a la “extensión de la materia solicitada, así como a la complejidad técnica y administrativa”, requiere tiempo adicional para completar el proceso.
Entre los puntos solicitados, Pittí pidió un informe técnico-financiero que sustente la “falta de presupuesto” alegada por el Municipio para justificar la suspensión del proyecto de Renovación Urbana de la Calle 50. Según indicó, esa explicación debe contrastarse con el superávit reportado por la Tesorería Municipal.
Además, solicitó detalles sobre la contratación de una empresa para servicios de publicidad por un monto aproximado de $1.4 millones, así como información que permita confirmar o descartar versiones difundidas sobre la presunta contratación de 16 asesores con salarios que oscilarían entre $3,000 y $6,000 mensuales.
Pittí también pidió explicaciones sobre un reciente incidente que, según afirmó, afectó la transparencia del portal institucional al impedir temporalmente el acceso público a los datos de la planilla municipal.
Desde la Alcaldía sostienen que la cifra destinada a publicidad no asciende a $4 millones, sino a aproximadamente $1.2 millones.
