Los alcaldes Alberto Melamed (Montijo), Salustiano Mojica (Soná), Humberto Sánchez (Río de Jesús), Ezequiel Rodríguez (Las Palmas) y Ángel Batista (Mariato), todos de la provincia de Veraguas, han alzado su voz en rechazo al traslado de 29 privados de libertad a la base del Servicio Nacional Aeronaval (Senan) en la isla de Coiba.
A través de un comunicado conjunto, los jefes de los municipios con representación en el Consejo Directivo del Parque Nacional Coiba advirtieron que la medida no solo resulta incompatible con los objetivos de conservación del área protegida, sino que también amenaza la integridad de uno de los patrimonios naturales más importantes del país.
El sustento legal de esta oposición se encuentra en la Ley 44 del 26 de julio de 2004, que otorgó a Coiba un régimen jurídico especial de máxima protección.
Bajo esta normativa, el Parque Nacional se rige por estrictos criterios de conservación, en los que el interés ambiental prevalece sobre cualquier otro uso del territorio.
La ley excluye actividades intensivas o incompatibles con los fines de protección establecidos en el Plan de Manejo, diseñado para salvaguardar sus ecosistemas marinos y terrestres.
Más allá de las fronteras panameñas, Coiba goza de reconocimiento internacional desde 2005, cuando fue inscrita en la Lista del Patrimonio Mundial de la Unesco. Esta distinción responde a su extraordinaria biodiversidad, su importancia ecológica y su papel estratégico como corredor biológico marino. Los alcaldes sostienen que la reapertura de una prisión pondría en riesgo los niveles de conservación que el Estado panameño se comprometió a garantizar ante la comunidad internacional.
La preocupación de las autoridades veragüenses no se limita al ámbito ambiental. En el comunicado advierten que Panamá mantiene obligaciones internacionales vinculadas a la protección de Coiba que podrían verse comprometidas si prospera la iniciativa de utilizar la isla para fines penitenciarios.
A su juicio, el incumplimiento de esos compromisos podría afectar la imagen del país y generar cuestionamientos sobre la gestión de un sitio de valor universal excepcional.
En el plano local, los alcaldes alertan que el retorno de actividades penitenciarias a la isla tendría efectos directos sobre los esfuerzos de desarrollo sostenible impulsados en la zona de amortiguamiento del parque.
Según el documento, sectores como el turismo ecológico y la pesca artesanal podrían verse afectados, con consecuencias para la economía y la estabilidad social de las comunidades que dependen de la conservación de los recursos naturales.
Ante lo que consideran una amenaza para el futuro de Coiba, los miembros del Consejo Directivo anunciaron la convocatoria de una reunión en la ciudad de Panamá para definir acciones inmediatas. Su objetivo es frenar la iniciativa gubernamental y garantizar que el archipiélago mantenga la vocación científica, ecológica y de conservación para la cual fue protegido por ley.
