La drástica disminución del flujo migratorio en el tapón del Darién, tras las nuevas medidas adoptadas por Estados Unidos y Panamá, puso fin a uno de los capítulos más dolorosos y deshumanizantes vividos en esa frontera: el tránsito de miles de personas que, en busca de un futuro, arriesgaban —y con frecuencia perdían— la vida en una de las selvas más temidas del continente.
Sin embargo, el silencio que dejó el éxodo también trajo consigo otra forma de crisis. Las comunidades indígenas que durante años sobrevivieron al amparo de la migración, y llegaron a manejar sumas impensables de dinero, hoy enfrentan un vacío económico y social que las devuelve a la precariedad de siempre.
Uno de los que más conoce el tema es el obispo de Darién, Pedro Hernández Cantarero, quien ocupa ese cargo desde hace 20 años y que, durante la última década, ha tenido la responsabilidad, como parte de la Iglesia católica, de ayudar a miles de migrantes que cruzan esa área. En entrevista con La Prensa, advirtió que la provincia atraviesa una de sus peores crisis sociales desde que Estados Unidos prohibió la entrada de migrantes irregulares.
“Desde que se prohibió la entrada de migrantes en Estados Unidos, a Darién casi no llegan. No pasan ni de cien por mes”, afirmó. Según Hernández, la drástica reducción del flujo migratorio ha tenido un impacto directo en las comunidades fronterizas que, durante años, encontraron en la movilidad humana una fuente de ingresos.
Las estadísticas
Las cifras del Servicio Nacional de Migración confirman la magnitud del cambio que describe el obispo de Darién. Entre enero y septiembre de 2024 ingresaron al país por la selva 263,296 migrantes, mientras que en el mismo período de 2025 la cifra se desplomó a apenas 2,982. La diferencia —260,314 personas menos— refleja el impacto directo de las nuevas políticas migratorias adoptadas por Estados Unidos y Panamá.
“Había una relación muy fuerte entre el indígena y el migrante. Había negocios en viviendas indígenas que recibían hasta cinco mil dólares semanales”, explicó Hernández, al recordar que muchos habitantes del Tapón del Darién vivieron de la atención a los viajeros: alojamiento, alimentación y transporte.
No obstante, advirtió que aquella dependencia económica se transformó en un problema estructural. “Eso fue un modus vivendi que los llevó a no trabajar”, añadió.
El narcotráfico
El obispo lamentó que, ante la falta de alternativas, algunos pobladores hayan recurrido a actividades ilícitas. “El modus vivendi de ellos ahora es el narcotráfico. Están colaborando como mulas”, denunció.
Hernández insistió en que el Estado panameño debe intervenir con urgencia para ofrecer opciones sostenibles. “Hay que crear un sistema que pueda ayudar a las comunidades a salir de la situación precaria. No hay proyectos que ayuden a la gente a vivir de una forma real y verdadera. ¿En Darién de qué vivir?”, se preguntó.
Monseñor Hernández Cantarero anunció que esta semana visitará el Alto Tuira para conocer la realidad de las comunidades más aisladas. “Pasaron de vivir de la migración al narcotráfico como mulas. No quieren cosechar”, dijo, al advertir sobre el deterioro social.
Su mensaje final implica una advertencia contundente y un llamado a la acción por parte del Gobierno: “Darién es una bomba de tiempo. El Gobierno no hace nada por crear algo que ayude a esta población”, concluyó con preocupación.
Los informes de inteligencia de los estamentos de seguridad, tanto panameños como colombianos, reconocen que la instalación de una “barrera perimetral” en el Tapón del Darién —zona selvática que marca la frontera entre Panamá y Colombia— redujo drásticamente el paso de migrantes irregulares y alteró el equilibrio económico de las redes criminales que controlaban ese tránsito.
Ante la pérdida de ingresos, el Clan del Golfo, una de las organizaciones más activas en la región, desplazó sus operaciones hacia la minería ilegal y el narcotráfico, utilizando a indígenas panameños y colombianos como mano de obra forzada o intermediarios. Según estimaciones de organismos nacionales e internacionales, cerca de un millón de personas cruzaron Darién entre 2020 y 2024, y por cada una de ellas el grupo cobraba entre 80 y 100 dólares por permitirles avanzar hacia territorio panameño.
Migración inversa
Por otra parte, las defensorías del pueblo de Costa Rica, Panamá y Colombia han advertido en los últimos meses sobre un deterioro humanitario en la región, provocado por el incremento de la migración inversa, es decir, el retorno de migrantes a sus países de origen tras no poder ingresar a Estados Unidos.
Un informe presentado en Bogotá, con respaldo de la ONU, señala que, en lo que va de 2025, más de 14,000 personas han sido devueltas o retornaron voluntariamente desde México y Estados Unidos, en un contexto donde el paso hacia el norte por el Darién se redujo en un 98% respecto a los niveles del año anterior.
