Dos empresas llegaron finalmente a la etapa de presentación de propuestas para suministrar, preparar y distribuir alimentos en las cárceles de la provincia de Colón.
Se trata del Consorcio Alimentando Panamá S.A., que igualó el precio de referencia del Gobierno —33 millones de dólares—, y del Consorcio C & J Food Services, que ofreció un monto menor, de 29 millones de dólares. Ambas propuestas fueron aceptadas para continuar en la fase de evaluación técnica y económica.
Estas ofertas forman parte del proceso de licitación impulsado por el Ministerio de Gobierno (Mingob), que busca asegurar la prestación del servicio durante 2,191 días calendario, equivalentes a casi seis años. Aunque en la reunión previa y en la homologación participaron 15 interesados, solo estos dos consorcios presentaron propuestas electrónicas en la apertura formal realizada el 5 de diciembre, en el Salón de Actos del Departamento de Compras del ministerio.
El acto público establece las condiciones para garantizar la alimentación diaria —desayuno, almuerzo y cena— de las personas privadas de libertad, así como del personal que opera dentro del complejo penitenciario de Colón.
El servicio abarca el Centro de Rehabilitación Nueva Esperanza y el Centro Femenino de Colón, donde la demanda alimentaria exige un suministro constante y supervisado bajo estándares sanitarios estrictos.
El precio de referencia fijado por el Mingob para esta contratación asciende a 33.6 millones de dólares, basado en un costo unitario de 5.50 dólares por ración completa. Desde el inicio del proceso, las autoridades recalcaron la importancia de cumplir los requisitos técnicos, sanitarios y administrativos establecidos en el pliego para garantizar la continuidad del servicio durante el extenso periodo contemplado.
En total, la empresa que resulte adjudicada deberá cubrir la alimentación de unas 2,793 personas: 2,596 hombres privados de libertad, 107 mujeres privadas de libertad, 39 custodios y 51 unidades policiales. Además, tendrá la obligación de presentar menús cíclicos, análisis nutricionales y mantener la operación activa los siete días de la semana, bajo normas estrictas de calidad e inocuidad alimentaria.
Cárceles de Panamá
De forma paralela, el Consorcio Alimentando Panamá S.A. también se presentó a la licitación para el suministro de alimentos a las cárceles de la provincia de Panamá, por 209 millones de dólares. De hecho, no hubo más propuestas en el acto público, que también se llevó a cabo el pasado 5 de diciembre.
Como ya se dijo, el consorcio no enfrentará competencia y, si finalmente cumple todos los requisitos establecidos por la comisión evaluadora, extenderá su dominio por casi seis años más, alcanzando cerca de 19 años de control ininterrumpido del servicio de alimentación penitenciaria. Ya lo ha hecho durante unos 13 años, desde 2012.
La empresa presentó una propuesta por 209.6 millones de dólares, exactamente el precio de referencia fijado por el Mingob. Ese monto incorpora un incremento en la ración diaria: sube de 4.60 a 5.50 dólares, en comparación con el contrato que aún tiene vigente.
En los últimos 13 años, el Estado panameño —a través del Mingob— ha desembolsado más de 303.3 millones de dólares para la alimentación en siete centros penitenciarios administrados por Consorcio Alimentario Panamá.
Esta licitación no estuvo exenta de reclamos, precisamente porque los potenciales competidores alertaban sobre especificaciones que, a su juicio, otorgaban ventaja a Consorcio Alimentario Panamá. Fueron 15 empresas las que participaron en el proceso de homologación, pero solo se presentó una propuesta final.
Se impugnó, por ejemplo, el criterio de evaluación de experiencia, porque el pliego exigía que esta solo pudiera acreditarse mediante un máximo de tres contratos.
El punto crítico era que al proveedor actual se le reconoce la experiencia de un solo contrato que engloba los seis servicios penitenciarios, producto de las condiciones especiales bajo las que fue contratado. En la práctica, esto impedía cualquier competencia real, pues sería improbable que otro participante pudiera presentar un contrato único que abarque tantos recintos, lo que lo colocaba en una desventaja evidente frente al operador histórico.
