El Consorcio Alimentando Panamá, S.A. se adjudicó la licitación para el suministro de alimentos a los centros penitenciarios de Panamá por un monto de 209.6 millones de dólares.
Se trata de la misma empresa que presta el servicio desde 2012. En el acto público, que comenzó el pasado 5 de diciembre, no se presentaron otras propuestas.
Una comisión evaluadora determinó que la empresa cumplió con los requisitos mínimos establecidos al obtener 88 puntos de 100 posibles, lo que le permitió extender su dominio del servicio por casi seis años más y alcanzar cerca de 19 años de control ininterrumpido de la alimentación penitenciaria. El consorcio ha prestado este servicio durante aproximadamente 13 años, desde 2012.
El consorcio presentó una propuesta por 209.6 millones de dólares, exactamente el precio de referencia fijado por el Ministerio de Gobierno. Este monto incorpora un incremento en la ración diaria, que pasa de 4.60 a 5.50 dólares, en comparación con el contrato aún vigente.
La licitación no estuvo exenta de cuestionamientos, ya que potenciales competidores alertaron sobre especificaciones que, a su juicio, otorgaban ventajas al Consorcio Alimentando Panamá. En total, 15 empresas participaron en el proceso de homologación, pero solo se presentó una propuesta final.
Uno de los puntos impugnados fue el criterio de evaluación de la experiencia, debido a que el pliego exigía que esta solo pudiera acreditarse mediante un máximo de tres contratos.
El aspecto crítico radicaba en que al proveedor actual se le reconoce la experiencia de un solo contrato que engloba seis servicios penitenciarios, producto de las condiciones especiales bajo las cuales fue contratado. En la práctica, esto limitaba cualquier competencia real, pues resultaba improbable que otro participante pudiera presentar un contrato único que abarcara tantos recintos, lo que lo colocaba en una desventaja evidente frente al operador histórico.
El reclamo
De forma paralela, el Ministerio de Gobierno lleva a cabo otra licitación para el suministro de alimentos en los centros penitenciarios de Colón.
A diferencia del proceso anterior, en este acto público se presentaron dos empresas: nuevamente el Consorcio Alimentando Panamá, S.A., que igualó el precio de referencia del Gobierno —33.6 millones de dólares—, y el Consorcio C&J Food Services, que ofertó un monto menor, de 29 millones de dólares.
Sin embargo, al momento de la evaluación, la comisión evaluadora determinó que solo el Consorcio Panameño de Alimentación Colón cumplió con los requisitos mínimos obligatorios establecidos en el pliego de cargos, lo que le permitió avanzar a la etapa de evaluación conforme a los criterios y la metodología de ponderación. Por otro lado, la comisión subrayó que la propuesta presentada por el Consorcio C&J Food Services no cumplió con dichos requisitos, lo que derivó en su descalificación.
No obstante, el Consorcio C&J Food Services Panamá presentó una acción de reclamo por presuntas irregularidades en la licitación pública contra el informe de la comisión evaluadora. Según el consorcio, la propuesta del Consorcio Panameño de Alimentación Colón no cumple con los requisitos técnicos establecidos en el pliego de cargos, como la falta de sustento técnico en los menús, errores en los estados financieros y el incumplimiento de requisitos como el aviso de operaciones y la carta de referencia bancaria.
De acuerdo con el reclamo, aceptar la propuesta en esas condiciones podría causar una lesión patrimonial al Estado, ya que se estaría pagando por raciones incompletas durante los 2,191 días de vigencia del contrato.
El consorcio solicitó la suspensión inmediata del acto público, la descalificación de la propuesta de su competidor y la corrección del informe de la comisión evaluadora, con el objetivo de garantizar un proceso justo y transparente que cumpla con los estándares nutricionales y legales establecidos.
Hasta el momento, la acción de reclamo se mantiene en evaluación.
