La orden del contralor Anel Flores impactó de lleno en el corazón administrativo del municipio de San Miguelito. Mediante una resolución interna redujo drásticamente el poder de maniobra de sus propios fiscalizadores en el distrito que dirige Irma Hernández: el tope para refrendar gastos bajó de $50,000 a apenas $1,000. Una medida quirúrgica, que muchos tildan de “pase de factura”.
El golpe administrativo aterrizó en el peor momento posible para el municipio. San Miguelito atraviesa una tormenta perfecta debido a una crisis por la recolección de la basura. El pasado lunes 19 de enero, Revisalud, la empresa que gestionó los desechos por 25 años, salió de la vida de esa comuna y el servicio, por el momento, está en manos de la Autoridad de Aseo Urbano y Domiciliario.
La última movida del contralor se dio días después de que protagonizaron un duro intercambio de mensajes. Flores la llamó “malcriada”. Hernández dijo que él le había pedido que recibiera a directivos de Revisalud.
Pero San Miguelito es solo una trinchera. Una especie de laboratorio de calentamiento para la dura batalla camino hacia las elecciones de 2029. La verdadera guerra de Flores empezó en diciembre y el objetivo podría ser más amplio: la coalición independiente Vamos, la agrupación que en los últimos comicios desplazó del poder a las estructuras partidarias que durante años dominaron la Asamblea y los municipios.
A mediados de diciembre de 2025, Flores reaccionó drásticamente tras las críticas de los diputados independientes por los fondos transferidos a municipios aliados al gobierno. Lejos de apaciguar las aguas, Flores contraatacó en televisión nacional, asegurando que “la mayoría” de los diputados de Vamos y del Movimiento Otro Camino (Moca) no habían rendido cuentas.
La declaración encendió la mecha. Moca recordó que la auditoría directa a los partidos es una facultad nueva y que no aplica retroactivamente a periodos ya cerrados ante el Tribunal Electoral. Vamos fue más tajante: acusaron al contralor de abandonar su rol de árbitro imparcial para actuar como un operador político que descalifica a quienes debe fiscalizar.
La disputa se trasladó inevitablemente al pleno de la Asamblea, donde Vamos tiene mayoría. Este jueves 22 de enero, durante el periodo de incidencias, el diputado Roberto Zúñiga calificó la acción en San Miguelito como “clara persecución política y acto de mala fe para estrangular las acciones que pueda realizar la alcaldesa para su distrito”.
“Ha venido a esta Asamblea a hacer show”, dijo el diputado después de recordar que no ha hecho nada por sacar las botellas del Palacio Justo Arosemena. Desempolvó un viejo refrán que se popularizó en la dictadura militar: “Plata pa’l amigo y plomo pa’l enemigo”.
Su colega, Luis Duke, advirtió sobre el daño colateral: los ataques a la alcaldesa, dijo, no los paga ella, los paga la gente de San Miguelito. “Que el pueblo saque sus conclusiones”, remató.
Para los analistas, el patrón es evidente. Raúl Conte, especialista en marketing político, lo define como un pase de factura. A su juicio, Flores parece haber olvidado que su cargo es técnico. Conte ve en esto un método: un gobierno con control legislativo que utiliza las instituciones para neutralizar a adversarios incómodos de cara a 2029, una estrategia que conecta con el reciente interés oficialista por reformar las reglas electorales.
“Ya lo vimos con Alexandra Brenes, cuando al inicio de este período recurrieron a ataques personales contra su padre para restarle legitimidad. Algo similar ocurre hoy con la diputada Jeanine Prado, a quien se difama de manera constante con el objetivo de debilitarla por ser una de las pocas voces que mantienen una postura crítica frente al gobierno de José Raúl Mulino”, puntualizó.
