Además de la intensa lucha política del oficialismo por el control de la Defensoría del Pueblo en la Asamblea Nacional, surge una interrogante clave: ¿qué hay detrás del interés por dominar una entidad cuya misión es la defensa de los derechos ciudadanos?
Todo apunta al peso de sus recursos: un presupuesto que supera los 7 millones de dólares y una planilla de más de 250 funcionarios, con salarios que oscilan entre los 800 dólares —como el de una secretaria— y los 7 mil dólares que percibe el defensor del pueblo, lo que convierte a la institución en un espacio de influencia administrativa y política, más allá de su mandato constitucional.
Con la llegada de una figura cuestionada por algunos de sus fallos, como la exmagistrada de la Corte Suprema de Justicia, Ángela Russo, tras ser escogida esta semana por la Asamblea Nacional con 37 votos, la Defensoría del Pueblo inicia una nueva etapa. El relevo se produce en un contexto en el que el rol de la entidad como garante de los derechos humanos vuelve a situarse en el centro del debate nacional.
El presupuesto
Las cifras presupuestarias de la entidad reflejan una tendencia fluctuante en los últimos años. Para 2026, la institución cuenta con una asignación de 7.2 millones de dólares, una reducción frente a los 7.9 millones de 2025 y los 8 millones registrados en 2024. En años anteriores, el presupuesto se situó en 7.8 millones en 2023 y 7.6 millones en 2022, lo que evidencia ajustes progresivos a lo largo del tiempo.
De ese monto correspondiente a 2026, unos 7 millones de dólares están destinados a gastos de funcionamiento, mientras que apenas 200 mil dólares se asignan a inversión. La distribución evidencia una estructura presupuestaria enfocada en sostener la operación cotidiana de la entidad, con un margen reducido para el desarrollo de nuevos proyectos o el fortalecimiento institucional.
A esta realidad financiera se suma el peso de la planilla. La Defensoría del Pueblo mantiene 254 funcionarios, cuya carga salarial ronda los 400 mil dólares mensuales. Este componente representa uno de los principales compromisos del gasto institucional.
De acuerdo con la planilla central que reposa en la Contraloría General de la República, Eduardo Leblanc González, a quien se le venció su período en la entidad el pasado 31 de marzo, devengaba un salario base de 3,500 dólares, más 3,500 dólares en gastos de representación, para un total de 7,000 dólares mensuales.
Este monto responde a un recorte aprobado por la Asamblea Nacional en 2005, que redujo el salario original de 10,000 dólares. Aunque recientemente se han planteado iniciativas para restituir esa cifra, estas no han prosperado, lo que mantiene abierto el debate sobre la inversión estatal en la defensa de los derechos humanos.
También hay salarios de directores regionales que devengan alrededor de 1,700 dólares y secretarias con ingresos de aproximadamente 800 dólares mensuales.
Rol bajo la lupa
La Defensoría del Pueblo tiene como función principal velar porque no se vulneren los derechos humanos de los panameños, actuando como garante frente a posibles abusos o irregularidades.
Su mandato abarca la protección de los derechos consagrados en la Constitución, las leyes nacionales y los acuerdos internacionales suscritos por Panamá, incluidos los tratados de derechos humanos, lo que la convierte en una pieza clave dentro del sistema democrático.
Aunque no tiene potestad para sancionar ni actúa como tribunal, sí cuenta con la facultad de investigar actuaciones de las instituciones públicas y señalar posibles irregularidades, además de emitir recomendaciones formales que las autoridades deben considerar para corregir fallas, garantizar el respeto a los ciudadanos y fomentar una cultura de paz.
Para sectores de la sociedad civil, ese mandato no es abstracto, sino que implica funciones claras que, sostienen, han sido desatendidas de forma reiterada.
La abogada y defensora de derechos humanos Magaly Castillo advierte que la Defensoría del Pueblo ha dejado de ser un punto de contacto efectivo con la ciudadanía para transformarse en una estructura burocrática que recibe denuncias, inicia procesos, pero no ofrece respuestas oportunas.
