La Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (Antai) informó este jueves que un total de 20,626 funcionarios cumplieron con su declaración jurada de intereses particulares.
En un comunicado de la entidad se resalta que este miércoles 5 de abril venció el plazo para que el servidor público, que sea máxima autoridad de su institución o agente de manejo de una entidad, cumpliera con este requisito que está en la Ley 316 del 19 de agosto de 2022.
La Antai informó que estas declaraciones juradas serán verificadas en un período de 60 días. Así mismo la entidad recordó que a los funcionarios que no cumplieron con la presentación de estas declaraciones se les iniciará un proceso administrativo, que trae como consecuencia sanciones pecuniarias equivalentes al triple de salario, incluso la suspensión del servidor público.
Con la entrada en vigencia, en febrero pasado, de la Ley 316 del 18 de agosto de 2022, que castiga el conflicto de interés están obligados a declarar sus actividades remuneradas o no, de tipo profesional, laboral, económica, gremial, personal o de beneficencia, ante la Antai, los ministros y viceministros.
También los procuradores de la Nación y de la Administración; el contralor y subcontralor general de República; los jefes de misiones diplomáticas; el defensor del Pueblo; los superintendentes de Bancos, de Seguros y de Valores, y los miembros de las juntas directivas de empresas estatales. Los alcaldes, vicealcaldes, representantes de corregimiento, gobernadores, los diputados de la Asamblea Nacional y magistrados de la Corte Suprema de Justicia.
La Ley 316 también indica que los funcionarios igualmente deben precisar si reciben beneficios de concesiones estatales o contrataciones públicas, o si tienen vínculos a alguna sociedad que es proveedora del Gobierno.
Asimismo, están obligados a comunicar si han recibido regalos en el último año, de parte de personas o empresas no vinculadas a su familia.
