Antai abre un periodo de consultas sobre planes para reformar leyes de transparencia y acceso a la información

Antai abre un periodo de consultas sobre planes para reformar leyes de transparencia y acceso a la información
Elsa Fernández, directora de la Antai. LP Archivo

La Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (Antai), que dirige Elsa Fernández, abrió un proceso de consultas de cuatro meses para que la ciudadanía opine sobre los planes del gobierno de Laurentino Cortizo de reformar las dos leyes con que cuenta el país en materia de transparencia y acceso a la información.

Un comunicado de la Antai detalla que a través de las cuentas de correo electrónico ley6@antai.gob.pa y ley33@antai.gob.pa se recibirán sugerencias, comentarios o peticiones para iniciar la primera fase de confección de informe de consultas, que se entregará al Órgano Ejecutivo para redactar posteriormente el proyecto de Ley.

Se trata de dos normas: La Ley N°6 de 22 de enero de 2002, que dictó normas para la transparencia en la gestión pública e instauró la acción de habeas data, y la Ley 33 de 25 de abril de 2013 que creó la Antai.

"La Ley 6 de Transparencia que data de 2002 debe alinearse a estos tiempos en donde los avances tecnológicos son acelerados y el acceso a la información toma ribetes muchos más amplios", dice el comunicado.

Además, se pretende “el fortalecimiento institucional de la Antai y de sus funciones como ente rector y fiscalizador de los temas concernientes a transparencia, acceso a la información, gobierno abierto y datos abiertos”.

El Plan Estratégico de Gobierno, publicado en la Gaceta Oficial 28931-B del 30 de diciembre de 2019 plantea, entre otras cosas, cambios a la ley de contrataciones públicas, al Tribunal de Cuentas y a la Antai con el objetivo de combatir la corrupción.

Sin precisar detalles, se señala que se pretende capacitar a los funcionarios en lo que se refiere al “estricto” cumplimiento de la Ley de Transparencia, el acceso a la información y a la utilización de los recursos del Estado, así como la creación de un código de responsabilidad y anticorrupción “de obligatorio cumplimiento” para los servidores públicos.



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