La Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (Antai) reiteró a la asociación Acción Ciudadana que la información de los contratos por servicios profesionales que se pagan con fondos de la partida presupuestaria 172 –también conocida como “cashback”– es pública, aunque la Contraloría está impedida en entregarla.
El pronunciamiento de la Antai surge por una consulta de Freddy Pitti –también miembro del Consejo de Concertación Nacional–, luego de que solicitó a la Contraloría General de la República los “documentos o soporte del refrendo de la planilla 172 de servicios especiales gestionados entre marzo y septiembre 2020, evidencia de los servicios prestados y nombres de los diputados que lo requirieron”, pero la institución no entregó la información y remitió a Pitti a la Asamblea Nacional, indicando que era confidencial y que no estaba en su poder.
La consulta de la organización ciudadana surge tras una investigación de este medio que reveló que durante los meses de la pandemia, el Órgano Legislativo reactivó y desembolsó $8 millones para la partida 172, mediante la cual se pagan contratos por servicios especiales para trabajos no contemplados en la planilla permanente. Estos contratos se han pagado sin que se haya divulgado su sustento ni el detalle de lo pagado. Curiosamente, los contratos más cuantiosos han sido cobrados por exdiputados y familiares de los actuales legisladores.
Pitti solicitó a la Antai pronunciarse, y resaltó que la Contraloría cuenta con un sistema de “seguimiento, control, acceso y fiscalización de documentos” (Scafid), sistema este que un decreto hizo obligatorio su uso desde 2013. Además, Pitti alegó que la Contraloría debía tener la documentación, aunque la institución sostiene que fue devuelta a la Asamblea.
La directora de la Antai, Elsa Fernández, sostiene que, por las funciones de la Contraloría de fiscalizar y regular, la “documentación le fue remitida con la finalidad de ejercer el control previo y su consecuente refrendo. De ahí que la Contraloría estaba impedida jurídicamente de proporcionar la documentación que le fue solicitada ya que ellos no son la unidad contratante ni gestora ni custodios de los contratos solicitados siendo para los efectos la Asamblea Nacional quien tiene toda la facultad para la realización de cualquier diligencia administrativa y legal con relación a los mismos”.
Fernández no hizo ninguna mención del sistema Scafid que, según exfuncionarios de la Contraloría –como el abogado Ernesto Cedeño– toda documentación queda digitalizada por la entidad al utilizar el Scafid y que la Contraloría ha debido suministrar la información solicitada.
Añade Fernández en su misiva que las personas contratadas por servicios profesionales no son servidores públicos, por lo que dichas contrataciones deben reflejar el tipo de trabajo prestado, tiempo de servicios, honorarios mensuales y totales y disponibilidad presupuestaria.
Además, dijo que la información reposa en la Asamblea, mas no en la Contraloría, y que, según la Ley de Transparencia, ese órgano del Estado está obligado e indicarle al solicitante dónde reposa la información. Concluye que la Asamblea debe publicar en su sección de transparencia lo referente a estas contrataciones.
La respuesta de la Antai dejó un mal sabor a Pittí, ya que la nota de la institución que vela por la transparencia no menciona nada respecto a la negativa de la Contraloría de brindar la información ni respecto al uso del sistema Scafid.
La Prensa intentó contactar a la directora de la Antai, Elsa Fernández, pero no fue posible.
