La Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (Antai) inició una investigación de oficio para precisar si el funcionario Edwin Cedeño ha burlado el código de ética, dado que aunque está en la planilla del Tribunal Electoral (TE), en la práctica labora en el Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral (Mitradel).
La ministra Jackeline Muñoz es cuñada de Cedeño.
Cedeño, que figura como “asesor II” en el TE, ejerce funciones en el Mitradel bajo la figura de “préstamo interinstitucional”.
La Prensa pudo confirmar que la Antai investiga a Cedeño, más no a su cuñada.
La ministra admitió que el hermano de su esposo trabaja con ella, durante la sustentación del presupuesto del Mitradel para 2027 ante la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional, luego de que el diputado José Pérez Barboni le preguntara directamente por la situación de este funcionario.
Cedeño figura en la planilla del TE como “asesor II”, con un salario mensual de $3,000. Anteriormente, estaba encargado del Centro de Atención al Usuario del TE. Durante la actual administración de José Raúl Mulino (2024-2029) fue trasladado al Mitradel mediante la figura de préstamo interinstitucional, donde actualmente desempeña funciones.
El Código de Ética de los Servidores Públicos, en su artículo 41, referente al nepotismo, establece que “el servidor público deberá abstenerse de beneficiar con nombramientos en puestos públicos a su cónyuge, pareja de unión consensual u otros parientes dentro del tercer grado de consanguinidad o segundo de afinidad”.
La norma también señala que el servidor público debe abstenerse de ejercer funciones en la misma unidad administrativa, o en unidades que mantengan entre sí relaciones de control o fiscalización, cuando laboren allí personas con los vínculos de parentesco señalados, ya sean originales o sobrevinientes, sin notificar oportunamente esta situación a su superior jerárquico.
La investigación de la Antai deberá determinar si en este caso existe alguna posible violación a la norma.
La Antai, sin embargo, no tiene competencia para iniciar un proceso administrativo contra un ministro de Estado.
