La Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (ANTAI) recibió un total de 306 declaraciones juradas de intereses particulares durante la jornada del 2 de enero de 2026, de acuerdo con el reporte emitido por la institución. La cifra marca el inicio del período anual de presentación y renovación de este requisito legal para los funcionarios públicos.
La mayor parte de los documentos fue presentada en la sede principal de la ANTAI, donde se contabilizaron 180 declaraciones. Le siguieron la regional de Veraguas, con 99, y la regional de Coclé, que reportó la recepción de 27 formularios.
Con estos registros se evidencian los primeros avances en el cumplimiento de esta obligación legal. La ANTAI mantiene habilitados tanto sus despachos centrales como regionales para la recepción de los documentos, en el marco de las políticas orientadas a la prevención de conflictos de interés y al fortalecimiento de la transparencia en la gestión pública.
La directora de la ANTAI, Sheyla Castillo, informó este lunes 5 de enero que el pasado viernes se dio inicio formal al período de presentación anual de las declaraciones juradas de intereses particulares.
Castillo adelantó que la institución espera recibir alrededor de 20 mil declaraciones durante este período de renovación anual. Recordó que el plazo para cumplir con esta obligación vence el 16 de enero, por lo que exhortó a los funcionarios a presentar sus declaraciones dentro del término establecido, a fin de evitar posibles sanciones administrativas.
Los tipos de declaraciones
En el sistema panameño de control de la función pública coexisten dos instrumentos diseñados para vigilar la conducta de los servidores del Estado, cada uno bajo la administración de una entidad distinta.
La ANTAI y la Contraloría General de la República gestionan mecanismos que, aunque comparten el objetivo de reforzar la integridad institucional, responden a lógicas y alcances diferentes dentro del esquema de prevención y fiscalización.
Por un lado, la ANTAI administra las declaraciones juradas de intereses particulares, un instrumento orientado a anticipar posibles conflictos de interés antes de que se materialicen. Estas declaraciones buscan transparentar relaciones económicas, comerciales o profesionales que puedan influir en la toma de decisiones públicas y son exigidas, principalmente, a funcionarios con capacidad de decisión o responsabilidad en el manejo de recursos estatales.
En contraste, la Contraloría tiene bajo su competencia las declaraciones juradas de bienes patrimoniales, un mecanismo que permite monitorear la situación económica de los funcionarios a lo largo de su gestión.
Este instrumento cumple una función clave en los procesos de auditoría y en las investigaciones por presuntas irregularidades, al permitir identificar incrementos patrimoniales que no guarden relación con los ingresos declarados. A pesar de su relevancia, ambos sistemas mantienen carácter reservado y no están disponibles para consulta pública.
