La Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (Antai) ha sancionado a un total de 29 servidores públicos por violaciones al Código de Ética de los servidores públicos en distintos periodos.
Entre 2023 y 2024, 16 servidores públicos fueron sancionados por faltas como nepotismo, conflicto de interés, uso inadecuado de bienes del Estado y ejercicio indebido del cargo. Los afectados laboraban en la Junta Comunal de Parita, el municipio de Penonomé, la Caja de Seguro Social, la Universidad Marítima de Panamá, el Ministerio de Educación, la Junta Comunal de Sajalices y la Autoridad de Tránsito y Transporte Terrestre.
Adicionalmente, desde noviembre de 2024 hasta la fecha, la entidad impuso sanciones a otros 13 trabajadores del Estados por nepotismo, conflicto de interés y uso indebido del tiempo de trabajo.
Las sanciones impuestas varían en su impacto. El 47% de los funcionarios sancionados recibió una reducción del 50% en su salario mensual, mientras que un 35% fue sancionado con la deducción del 25% de sus ingresos. Además, un 12% enfrentó la disminución del 10% de su salario, y un 6% recibió una recomendación de destitución.
Actualmente, la Antai mantiene 273 investigaciones en curso por posibles irregularidades en diversas entidades gubernamentales, entre ellas el Ministerio de Salud, el Ministerio de Educación, la Autoridad de Tránsito y Transporte Terrestre, la Autoridad de Aseo, la Autoridad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (Ampyme), la Caja de Seguro Social, así como múltiples juntas comunales y municipios.
Suplentes en mora con la declaración de conflicto de interés
Otro hallazgo relevante es el rezago en la presentación de declaraciones juradas de intereses particulares. Cuatro diputados suplentes aún no han entregado este documento, y aunque ministros y viceministros han cumplido con esta obligación al 100%, cinco entidades autónomas todavía no lo han hecho. Mientras que el 37% de los gobernadores y vicegobernadores sigue sin presentar su declaración.
La directora de la Antai no mencionó nombres.
Estos datos fueron revelados por Sheyla Castillo de Arias, directora de la Antai, durante su comparecencia ante la Comisión de Gobierno de la Asamblea Nacional, donde sustentó el informe de gestión 2023-2024. Su presentación se enmarca en el artículo 198 de la Constitución, que establece la obligación de rendir cuentas ante el Legislativo. En su exposición, Castillo de Arias subrayó los esfuerzos de la institución por fortalecer la transparencia en el sector público y sancionar a quienes incumplen las normas éticas y administrativas.
La declaración jurada de intereses particulares es un mecanismo contemplado en la legislación panameña para prevenir conflictos de interés en la función pública. Lo dispone la Ley 59 de 1999, que establece la necesidad de que un grupo de servidores públicos, incluyendo ministros, viceministros, directores de entidades autónomas y semiautónomas, magistrados, diputados, gobernadores y otros funcionarios de jerarquía, revelen información sobre sus intereses económicos y patrimoniales.
