Tras la muerte, en septiembre pasado, de la joven Ana Mercedes Medina a manos del vigilante de su edificio en Paitilla y de otros dos hombres –los tres detenidos–, revive la polémica sobre los controles a las agencias de seguridad y la imposibilidad de estas para requerir el récord policivo a su personal.
El director de la Policía Nacional, Rolando Mirones, anunció una campaña para lograr el restablecimiento de la expedición de los antecedentes penales y, en tal sentido, elevó ante el ministro de Gobierno, Daniel Delgado Diamante, una petición para que desde ese despacho se impulse la reforma de la Ley 66 de 2001, que reposa en la Asamblea para segundo debate.
A su juicio, no puede ser posible que personas como Martín Wright Coto, el vigilante detenido por la muerte de la joven, trabajen como agentes de seguridad cuando tienen antecedentes penales y –en su caso particular– sean incluso beneficiarios de una medida cautelar por otros delitos.
"Todos tenemos derecho a saber quiénes cuidan a nuestros hijos y protegen nuestros bienes", dijo Mirones.
Delgado Diamante, en cambio, fue más conservador respecto al tema, que consideró debe ser debatido lo suficiente en busca de un consenso.
Por su parte la procuradora, Ana Matilde Gómez, opinó que el récord policivo por sísolo no resolverá el problema, por lo que se hace necesaria una política integral que incluya, además, la obligatoriedad de pruebas psicotécnicas y de polígrafo para determinar el perfil del futuro empleado.
Iniciativa en marcha
Magali Reyes, asesora legal de la Dirección Institucional de Asuntos de Seguridad Pública del Ministerio de Gobierno, confirmó que la Presidencia rechazó este año un proyecto de decreto que elaboraba ese despacho para mejorar los controles a las agencias de seguridad, debido a que se trataba de una propuesta de decreto ejecutivo.
Es por ello, dijo, que desde hace varios meses se trabaja en la elaboración de un anteproyecto de ley especial para el sector de la seguridad privada, en el que, por ejemplo, se incluya el tema del récord policivo."Somos del criterio que para la contratación de un guardia de seguridad es indispensable conocer los antecedentes penales del aspirante, e incluso que se le pueda someter a pruebas sicológicas y antidopaje. Las normas actuales no lo permiten, y en el Código Penal ni siquiera se contemplan medidas para poder despedir a aquellos que incurran en faltas graves, como el consumo de drogas", dijo.
Advirtió que la Ley 66 fue elaborada desde una perspectiva laboral, con miras a prevenir la discriminación de las personas con antecedentes penales, pero no incluyó excepciones en materia de seguridad.
Respaldo efectivo
Consultado sobre el nuevo anteproyecto de ley, el presidente de la Cámara Panameña de Seguridad Privada, Alex Omar Garrido, dijo estar de acuerdo con la reactivación del récord policivo; no obstante, indicó que más que elaborar una nueva ley, cuyo proceso puede demorar meses, loque hace falta es que se reforme la Ley 66 y se permita revisar los antecedentes penales tanto a los empleados de empresas privadas como a los agentes de los estamentos públicos.
A todos nos conviene. Nosotros necesitamos poder cumplir con un perfil apropiado, pues de lo contrario corremos el riesgo de que se infiltre algún antisocial", dijo.
En el sector de la seguridad privada funcionan 92 empresas –43 menos que en 2005– que contratan una fuerza de unos 12 mil vigilantes, quienes se calcula portan entre 4 mil y 5 mil armas de fuego.
Según Garrido, el sector mueve unos 10 millones de dólares mensuales.
VIGILANTES INCRIMINADOS
.FEBRERO 2006: Ezequiel Puga es detenido por el asesinato de Holanda Martínez (con cuatro meses de embarazo) y Vielka Rodríguez, empleadas del Grand Deli Gourmet de Obarrio.
.JULIO 2006: Omar Sinisterra, vigilante privado, mata de dos tiros a la recepcionista del laboratorio Raly de El Dorado, María Dávila, y luego se suicida.
.SEPTIEMBRE 2007: Martín Wright confiesa haber asaltado a Ana M. Medina.
