El sector empresarial del país se sumó a las voces que rechazan la propuesta aprobada por la Asamblea Nacional que permitirá a diputados gestionar obras en sus circuitos electorales.
De acuerdo a la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa (Apede), las modificaciones incluidas en segundo debate el proyecto de ley 594, que reforma el Reglamento Orgánico del Régimen Interno (RORI) de la Asamblea, atribuyen a los diputados “funciones ajenas a su mandato y competencias constitucionales”.
Esta orientación, señala la Apede, desnaturaliza el rol para el cual fueron electos los diputados y genera “un riesgo para la institucionalidad del país, al abrir espacios para una mayor discrecionalidad en la priorización y gestión de obras e iniciativas que corresponden al Órgano Ejecutivo y a los gobiernos locales”.
Recordó que la experiencia nacional demuestra que la confusión de funciones entre los órganos del Estado “debilita los mecanismos de control, afecta la transparencia y puede propiciar prácticas clientelistas que Panamá ha procurado superar”.
Por ello, hizo un llamado a reconsiderar la iniciativa y presentar cambios que realmente tengan el objetivo de fortalecer su capacidad de legislar con independencia, fiscalizar con rigor y representar a la ciudadanía con transparencia, “contribuyendo así al fortalecimiento del Estado de Derecho, la institucionalidad democrática y la confianza de los panameños en sus instituciones”.
“Panamá requiere instituciones sólidas, con funciones claramente definidas y comprometidas con el interés nacional. Solo así será posible avanzar hacia un país con mayor gobernanza, transparencia y desarrollo”, agregó.
El pasado 4 de agosto, las bancadas de los partidos Realizando Metas (RM), Cambio Democrático, Partido Revolucionario y Panameñista (incluyendo Molirena y Alianza) aprobaron incluir una modificación al RORI para permitir que diputados asuman tareas de gestionar, impulsar y fiscalizar el desarrollo de programas e inversiones para el “mejoramiento de la calidad de vida” de sus electores.
Esos proyectos van desde carreteras, puentes, alcantarillas y escuelas hasta instalaciones deportivas y turísticas y servicios de electrificación, entre otros. Además, el proyecto de ley 594 dispone que se “garantizará una inversión mínima” en el presupuesto del Estado para la ejecución de los proyectos que gestionarán los diputados.
La propuesta fue presentada por el diputado de RM, Luis Eduardo Camacho.
