En un clima de tensión y controversia, la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional convocó a sus 15 miembros para discutir millonarios traslados de partidas, justo el mismo día en que finalizan las sesiones ordinarias.
La medida se da en medio de un intenso debate sobre el presupuesto para 2025, un tema que ha generado posturas encontradas entre los diputados y críticas de diversos sectores, ya que las vistas presupuestarias no fueron discutidas en su totalidad.
La convocatoria fue realizada por el diputado del partido Realizando Metas y presidente de la Comisión de Presupuesto, Sergio “Chello” Gálvez, a partir del 31 de octubre a las 9:30 a.m.
En circunstancias normales, una convocatoria para aprobar traslados de partidas y créditos extraordinarios pasaría desapercibida; sin embargo, la situación actual dista de la rutina. Con la discusión y aprobación del presupuesto de 2025 en juego, cada bancada en la Asamblea Nacional mueve sus fichas estratégicas para influir en las decisiones finales.
Este contexto también ha intensificado el pulso político, ya que los partidos buscan asegurar recursos para proyectos y zonas de interés, lo cual añade tensión a cada negociación y voto. Varias de las empresas que se verían beneficiadas con estos traslados recibieron millones de dólares en contratos durante el gobierno pasado, liderado por el Partido Revolucionario Democrático.
En total, serán 16 entidades las que deben acudir a la Comisión de Presupuesto, entre las cuales se incluyen el Ministerio de Obras Públicas, el Ministerio de Educación, el Ministerio de Salud, el Ministerio de Seguridad y la Caja de Seguro Social.
De hecho, La Prensa informó que la Asamblea Nacional recibió una notificación del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF). La misiva, firmada por Aurelio Mejía, director de Presupuesto del MEF, detalla tres traslados de partidas que suman un total de $349.3 millones, un monto que llama la atención tanto por su tamaño como por su origen.
Los fondos, originalmente asignados al Ministerio de Educación, serán redirigidos al Ministerio de Obras Públicas, decisión que ha desatado controversia en diversos sectores debido al mal estado de las escuelas del país.
Los tres traslados específicos corresponden a partidas de $68.9 millones, $104.7 millones y $175.7 millones, y requieren la aprobación de la Comisión de Presupuesto de la Asamblea, encabezada por el diputado Gálvez.
No obstante, parte de los pagos millonarios serán canalizados a empresas que obtuvieron grandes contratos durante el pasado gobierno del Partido Revolucionario Democrático (2019-2024). La lista de beneficiarias incluye, además, a firmas previamente implicadas en el escándalo de lavado de dinero conocido como Blue Apple, un caso que expuso una red de corrupción donde empresas constructoras habrían sobornado a funcionarios a cambio de ganar licitaciones.
