Los diputados aprobaron en tercer y último debate el proyecto de ley 226, que amplía los beneficios y descuentos para jubilados, pensionados y personas de la tercera edad.
Entre los cambios incluidos durante la discusión de la iniciativa se destaca una nueva regla. La propuesta aprobada dice que cuando un establecimiento ofrezca un producto o servicio a un precio promocional inferior al regular, el beneficiario tendrá derecho a un 15% de descuento adicional sobre el precio ya rebajado, es decir, un “descuento sobre descuento”.
Los comercios, además, deberán mostrar tanto el precio regular como el precio de promoción.
“Observo que todos los grupos le dicen ‘no’ a lo que piden los jubilados. Sin embargo, en los hoteles o comercios, se suben los precios antes de poner la famosa oferta y por eso es que en este proyecto se contempló ese 15%”, dijo Guillermo Cortés, de la Asociación de Jubilados.
El proyecto —aprobado por el pleno de la Asamblea con 47 votos— modifica la Ley 6 de 16 de junio de 1987 y amplía los beneficios a los jubilados en áreas que hasta ahora no estaban contempladas.
Por ejemplo, en el tema de salud, establece un 25% de descuento en insumos y productos para la salud e higiene humana, así como un 30% en pañales desechables para adultos.
Los diputados incluyeron un 25% de descuento en servicios privados de atención y asistencia de salud a domicilio, incluidos enfermería y fisioterapia.
A esto se suma un 20% de descuento en el alquiler, reparación, mantenimiento y equipamiento de dispositivos de apoyo, como por ejemplo sillas de ruedas, andaderas, camas hospitalarias y concentradores de oxígeno.
Otro beneficio que no existe actualmente y que fue incorporado al documento es el relacionado con la adquisición e instalación de elementos de accesibilidad y seguridad en la vivienda principal, como rampas, pasamanos y barras de apoyo. Allí se fijó un descuento de 15%.
En los estacionamientos de hospitales, clínicas y laboratorios privados se aplicará un 25% de descuento durante las primeras tres horas cuando el uso esté relacionado con una consulta médica.
En el sector financiero, detalla el proyecto, se introducen descuentos que no estaban contemplados en la legislación original.
Las tasas, cargos, tarifas, comisiones y seguros asociados a tarjetas de crédito y débito tendrán un descuento mínimo de 30%. Además, el descuento sobre la tasa de interés máxima permitida para préstamos personales y comerciales aumenta de 15% a 20%.
En el caso de los préstamos hipotecarios para vivienda propia, el beneficio pasa de un punto porcentual a un mínimo de 2% de descuento en la tasa de interés.
Para los préstamos que tengan tasas preferenciales establecidas por ley, se contempla además una reducción de 1% adicional sobre esa tasa preferencial. El proyecto de ley 226 mantiene el descuento del 50% en gastos o comisiones de cierre de préstamos personales y comerciales.
Los servicios públicos también tendrán nuevos beneficios. El proyecto dice que el descuento en la factura de electricidad aumenta de 25% a 30% y se elimina el límite de ingresos que establecía la Ley 6 de 1987.
El beneficio aplicará a consumos de hasta 700 kilovatios hora en la vivienda principal. Para el agua potable se establece por primera vez un 30% de descuento para consumos residenciales de hasta 50 dólares mensuales.
En telecomunicaciones se incorpora un 30% de descuento en el cargo fijo de telefonía residencial, para un número; otro 30% en servicios de internet y televisión por cable cuyos contratos sean de hasta 50 dólares, y un 30% en telefonía móvil para contratos de hasta 60 dólares.
También se añade un 20% de descuento en la tasa de aseo, que fue presentada en segundo debate por el diputado Luis Eduardo Camacho. “Ya se habló con el director de Aseo y él está anuente de que sí es correcto”, dijo el dirigente de los jubilados.
El proyecto amplía igualmente los descuentos en servicios profesionales. La rebaja para la contratación de abogados, arquitectos, ingenieros y otros profesionales pasa de 10% a 25%.
En educación, los beneficiarios tendrán un 25% de descuento en el costo total de una carrera en universidades particulares. También se establece un 25% de descuento para la compra de vestimenta, ropa interior, calzado, zapatillas, calzado ortopédico y mobiliario básico.
Para los servicios funerarios se contempla una rebaja que pasa del 20% al 25% en la compra de ataúdes, urnas y servicios funerarios destinados a los beneficiarios fallecidos.
En materia de vivienda, la propuesta dice que el congelamiento del impuesto de inmueble se aplicará sobre la vivienda principal que esté inscrita a nombre del beneficiario, mientras que la exoneración de la tasa de valorización será del 100% para la vivienda principal única. Si la propiedad es transferida a una persona que no sea beneficiaria de la ley, reanudarán el cobro.
La propuesta también endurece las sanciones contra los comercios que incumplan. Las multas, que bajo la legislación vigente oscilaban entre 50 y 100 dólares para una primera infracción y entre 101 y 1,000 dólares en caso de reincidencia, pasarían a ser de 500 a 10,000 dólares, impuestas por la Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (Acodeco). Además, las sanciones se duplicarán por cada reincidencia, indica la propuesta.
El dinero recaudado mediante estas multas tendrá un destino específico: 50% será para el Fondo Especial para Jubilados y Pensionados (Fejupen) y el otro 50% para el Programa de Beneficios Permanentes de la Caja de Seguro Social (CSS).
El proyecto también amplía las formas de acreditar la condición de beneficiario para los extranjeros con residencia permanente, quienes podrán utilizar, además del carné de jubilado o la cédula, el carné de residente permanente emitido por el Tribunal Electoral.
El proyecto pasa ahora a manos del presidente de la República, José Raúl Mulino, que debe evaluar si lo sanciona o lo veta.
Sin embargo, varios sectores empresariales han advertido que el aumento de los descuentos y la incorporación de nuevos beneficios podrían tener un impacto económico y, en algunos casos, consecuencias jurídicas para las empresas.
Las objeciones fueron expresadas durante el primer debate, especialmente por representantes de los sectores aéreo, hotelero, farmacéutico y comercial, quienes cuestionan su viabilidad.
Víctor Concepción, de la Asociación Panameña de Hoteles (Apatel), cuestionó en ese momento la viabilidad de incrementar los descuentos.
Señaló que la aplicación de la medida podría resultar “compleja” y recordó que los hoteles actualmente no pueden deducir del impuesto sobre la renta estos descuentos en la forma en que son aplicados, por lo que terminan asumiendo el costo completo del beneficio.
Una preocupación similar expresó Lucas Verzbolovskis, presidente de la Asociación de Representantes y Distribuidores de Productos Farmacéuticos (AREDIS), quien aseguró que, pese a que la legislación contempla mecanismos de deducción para los descuentos otorgados, estos no han podido hacerse efectivos ante el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).
Alberto Avilés, en representación de la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá (CCIAP), advirtió que el incremento de los descuentos tendría efectos sobre los más de 15 gremios representados por la organización. Por esta razón, indicó que la Cámara no lo respalda.
Rosario Arosemena, del Consejo Nacional de la Empresa Privada (Conep), reconoció el derecho de los jubilados y pensionados a aspirar a mejores beneficios, pero indicó que cualquier ampliación debía contar con un sustento técnico que tome en cuenta la realidad económica del sector privado.
También cuestionó que, hasta ahora, el Ministerio de Economía y Finanzas no haya establecido una retribución efectiva para los comercios y empresas que asumen los descuentos contemplados en la legislación.
Desde el sector de las farmacias independientes, Pablo Pérez Campos dijo que hay otro problema: la distorsión que, a su juicio, existe en la estructura de precios de los medicamentos. Explicó que las farmacias sí aplican el descuento a los jubilados, pero necesitan conservar un margen de ganancia para sostener sus operaciones y los empleos que generan. Añadió que, aunque la ley permite contabilizar los descuentos otorgados, es necesario determinar con claridad quién fija el precio sobre el cual se calcula el descuento, pues de ello depende el verdadero impacto económico de la medida.
