Con seis votos a favor y uno en contra fue aprobado en primer debate este martes 3 de septiembre, en la Comisión de Gobierno de la Asamblea Nacional, el proyecto de ley que busca extender la obligación de presentar una declaración jurada de estado patrimonial a funcionarios de alta jerarquía.
El diputado Roberto Zúñiga, de la bancada independiente Vamos, quien propuso la iniciativa, recordó que el objetivo busca ampliar la lista de funcionarios que hacen su declaración de su patrimonio, sin incluir información sensitiva como dirección de casa, número de placa de vehículos, entre otros datos personales. La información sería pública.
Sostiene que en la actualidad la declaración jurada de estado patrimonial, una herramienta fundamental para detectar y prevenir posibles enriquecimientos ilícitos que pudieran cometer servidores públicos, solo se aplica a un “número reducido” de funcionarios. Entre ellos el presidente y vicepresidente de la República, el presidente de la Asamblea y el presidente de la Corte Suprema de Justicia.
La propuesta ahora incluye a los diputados y sus suplentes, representantes y sus suplentes, concejales, los alcaldes, vicealcaldes, secretarios generales municipales y gobernadores.
También incluiría a los directores de la Autoridad Nacional de Aduana y Servicio Nacional de Migración, jueces, fiscales, los jefes diplomáticos y consulares, los Superintendentes de Bancos, Mercado de Valores y de Seguros y Reaseguros, miembros de juntas directivas que manejen fondos públicos o tomen decisiones al respecto y miembros de juntas directivas encargadas de administrar instituciones públicas.
Durante la discusión, representantes del Ministerio Público (MP) manifestaron su preocupación por la inclusión de fiscales a cargo de investigaciones sensibles como narcotráfico o seguridad, pues consideran que si se conoce su información podrían utilizarla en su contra. Por ello solicitaron aclarar la categoría de fiscales que estarían en la norma.
“Los que manejan temas sensitivos podrían ser objeto de fraude, extorsión o inseguridad personal incluyendo sus familiares”, dijo Grisell Mojica, representante del MP.
En tanto, representantes de la Autoridad de Transparencia y Acceso a la Información (Antai) indicaron que al aplicar esta nueva norma estarían limitados, tecnológicamente, de recibir la cantidad de declaraciones patrimonial que tendrían que recibir.
Yalenis Ortíz, representante de Antai, indicó que en el último año recibieron 40 mil documentos. “Definitivamente la publicación de esta cantidad de declaraciones conlleva a estimar la capacidad adicional que necesitaríamos en nuestros servidores para poder que esto fuera factible”, indicó.
Sostuvo que esto llevaría una inversión que no está contemplando en el presupuesto de la entidad. Además, con el tema del anonimato de la información sensitiva requieren de Software para poder “tachar” los datos.
Por ello solicitó que, de aprobarse la propuesta y recibir la sanción del Ejecutivo, le concedan un tiempo prudente para establecer el cronograma de trabajo y los equipos tecnológicos que necesitarían.
El diputado de Realizando Metas y presidente de la Comisión, Luis Eduardo Camacho, fue el único diputado que votó en contra.
La iniciativa de ley pasó para segundo debate en el pleno de la Asamblea.
