El pleno de la Asamblea Nacional aprobó la tarde de este martes 2 de agosto en tercer y último debate el proyecto de ley 329, que regula situaciones de conflicto de intereses en la función pública, el cual había sido objetado por el Ejecutivo.
Recibió 56 votos a favor, informó el secretario general de la Asamblea, Quibian Panay, tras leer el resultado de la votación electrónica.
El legislativo acogió el veto y realizó las modificaciones correspondientes. De esta forma lo devuelve para que el presidente de la República, Laurentino Cortizo, lo sancione y así se convierta en ley.
Gabriel Silva, diputado independiente y proponente del proyecto, dijo que se efectuaron los cambios que pedía el Ejecutivo, las cuales eran de forma. “Hoy es un día importante porque se aprueba una de las leyes más importantes de transparencia”, dijo.
Explicó que esta propuesta fue construida y respaldada por las diversas bancadas, y con la participación de varias entidades. “Participó el órgano Judicial, los asesores del pleno, la sociedad civil organizada. Un proyecto de ley bastante consensuado”, agregó.
“Este es el ejemplo de un avance importante que damos hacia una gestión gubernamental más transparente. Este tipo de legislaciones, que son eminentemente preventiva, son comunes en muchos de los estados de América Latina y del mundo y demuestra un compromiso importante de este gobierno y de esta Asamblea en combatir la corrupción”, indicó Silva.
56 votos a favor
— Gabriel Silva (@gabrielsilva8_7) August 2, 2022
0 en contra
0 abstenciones
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El proyecto tiene al menos 30 artículos que definen qué es un conflicto de interés; caracteriza su alcance para incluir no solo a servidores públicos, sino también a particulares, y asigna las funciones de control y supervisión del tema a la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (Antai).
La herramienta fundamental de este proyecto de ley es la declaración jurada de intereses particulares. La Antai tendrá 70 días para verificar y determinar si ese documento está debidamente presentado.
El proyecto, impulsado por el diputado independiente Gabriel Silva, dice que “los sujetos obligados conforme a lo establecido en la presente Ley actuarán con objetividad, transparencia y honradez, y deben evitar que sus intereses particulares puedan influir indebidamente en el ejercicio de sus funciones y responsabilidades”.
La norma establece un régimen de sanciones sumamente estricto que incluye multas al sujeto obligado por hasta 6 meses de salarios y, como castigo en los respectivos procesos disciplinarios para los casos en que se de un conflicto de interés no declarado, la destitución del servidor público.
El pasado 2 de junio, Cortizo objetó parcialmente seis artículos del proyecto “por inconvenientes” y dos “por inexequibles”, ya que, según su equipo legal, reñían con la Constitución.
(Con información de Aminta Bustamante).
