El proyecto de ley que exime de responsabilidad patrimonial a los funcionarios de la Contraloría General de la República que tienen el deber de controlar y fiscalizar fondos o bienes públicos fue aprobado la tarde de este martes, 25 de octubre, en tercer debate por el pleno de la Asamblea Nacional.
La propuesta, impulsada por un grupo de diputados del Partido Revolucionario Democrático (PRD), recibió 57 votos a favor y 4 en contra.
Se trata del proyecto de ley 907 que actualiza, suprime y adiciona artículos a la Ley 32 de 8 de noviembre de 1984 (orgánica de la Contraloría) y modifica la Ley 67 de 14 de noviembre de 2008 que desarrolla la jurisdicción de cuentas (Fiscalía y Tribunal de Cuentas).
La propuesta fue avanzó dentro del legislativo pese a las advertencias de los magistrados del Tribunal de Cuentas (Alberto Cigarruista, Rainier Del Rosario y Álvaro Visuetti) en el sentido de que quitarle responsabilidad a los fiscalizadores constituye un grave error, porque debilitaría los esfuerzos para combatir la corrupción.
El proyecto, que debe pasar por el Ejecutivo para su sanción, también le da estabilidad laboral a 2,932 funcionarios. Gran parte de este grupo de trabajadores públicos estuvo presente este martes en las gradas del hemiciclo legislativo. También estuvo en la discusión el contralor Gerardo Solís.
