El informe técnico del proyecto para la rehabilitación, mejora y mantenimiento de la vía Centenario y la Autopista Arraiján–La Chorrera, una de las principales rutas de acceso entre la capital y la provincia de Panamá Oeste, fue aprobado este lunes durante una sesión extraordinaria del ente rector del Régimen de Asociación Público-Privada (APP).
La propuesta, presentada por el Ministerio de Obras Públicas (MOP), contempla intervenir 42.5 kilómetros de carretera bajo la modalidad de asociación público-privada cofinanciada, lo que implica participación estatal y privada en la ejecución, operación y mantenimiento.
El proyecto busca modernizar una vía colapsada por el tráfico y deteriorada por años de uso sin mantenimiento estructural.
Durante la sesión extraordinaria, presidida por el ministro de la Presidencia, Juan Carlos Orillac, se destacó que la obra es “un paso clave” en los planes para transformar la infraestructura vial del país.
“Con esto estamos muy claros en lo que cuesta rescatar obras abandonadas”, dijo Orillac, en alusión a los múltiples proyectos viales que han quedado inconclusos en los últimos años.
A la reunión asistieron los ministros de Obras Públicas, José Luis Andrade, y de Comercio e Industrias, Julio Moltó; el vicecanciller Carlos Hoyos; el contralor general, Anel Flores; y la secretaria de la APP, Ana Julia Carreira, quienes respaldaron la decisión.
Lo que incluye el proyecto
El contrato tendrá una duración de 25 años, que comprende 18 meses de preconstrucción, 30 meses de construcción y 21 años de operación y mantenimiento.
El tramo a intervenir está dividido en seis secciones e incluirá trabajos de rehabilitación, mejoras, operación y mantenimiento basados en estándares de desempeño y criterios de seguridad vial, indicó el MOP.
Impacto y proyecciones
Según las estimaciones del MOP, la obra beneficiará a más de 100 mil personas que se desplazan diariamente entre la ciudad y el sector oeste. El tráfico promedio diario, que era de 41 mil vehículos en 2022, podría superar los 112 mil en 2040.
Además de reducir los tiempos de traslado, el proyecto apunta a disminuir accidentes, dinamizar el comercio y fortalecer la conectividad logística de la zona.
La iniciativa incluye la aplicación de indicadores de desempeño (KPIs) que permitirán medir la calidad del servicio y la eficiencia operativa a largo plazo, un aspecto que el Gobierno considera “esencial” para evitar el abandono y deterioro prematuro de la infraestructura.
