La Fundación para el Desarrollo de la Libertad Ciudadana, capítulo panameño de Transparencia Internacional (TI), pidió a la Fiscalía Anticorrupción de Descarga continuar con las pesquisas en el caso del manejo de donaciones y contratos por servicios profesionales en el Órgano Legislativo.
"Llamamos al fiscal a seguir investigando con independencia y sin dejarse llevar por presiones internas o externas. Como denunciantes buscaremos todas las herramientas que nos brinde el Código Procesal para que esta investigación no engrose las filas de los casos de corrupción que terminan impunes", señaló la organización a través de un comunicado.
Y es que Javier Mitre Burgos, quien está al frente de la Fiscalía Anticorrupción de Descarga, solicitó al Órgano Judicial el sobreseimiento provisional (archivo) de la investigación seguida a funcionarios de la Asamblea por el supuesto mal uso de fondos asignados a donaciones y contratos por servicios profesionales. Esto, debido a la falta de información clave para las pesquisas, de acuerdo con fuentes judiciales.
De acuerdo con TI, este sobreseimiento provisional solicitado en el caso de las sumarias a la Asamblea, es una "oportunidad desperdiciada" por la procuradora Kenia Porcell y sus fiscales de demostrar "su empeño en luchar contra la corrupción".
"La corrupción surge donde existe la inclinación y la oportunidad. La Asamblea ha sido ejemplo de este binomio. Es deber del Ministerio Público ayudar a minimizar las oportunidades para el comportamiento corrupto y posibilitar que aquellos que son corruptos puedan ser investigados y sancionados debidamente", de acuerdo con la organización.
De acuerdo con TI capítulo de Panamá, la decisión de la Asamblea de no proporcionar la información "una vez más se pone por encima de la ley".
"Un fiscal que genuinamente quiere obtener información, no la solicita amablemente. La obtiene mediante todos los mecanismos legales disponibles. Es una burla a la ciudadanía pretender que la información sobre actos delictivos se obtendrá a las buenas y que si no se obtiene de esa manera, debemos conformarnos", destacó TI capítulo de Panamá.
Agregó que la falta de voluntad del Ministerio Público de utilizar todas la herramientas para efectuar una investigación como se lo establecen las leyes y la "complicidad' de la Asamblea en "proteger a sus funcionarios", son la "combinación perfecta que consigue un solo resultado: la impunidad".
La investigación de este caso se inició a partir de una denuncia presentada el 20 de abril pasado por la Fundación para el Desarrollo de la Libertad Ciudadana contra cinco funcionarios de la Asamblea Nacional y uno del Municipio de Veraguas, a quienes acusó de la presunta comisión de delitos contra la administración pública.
Los funcionarios señalados en la denuncia figuran en una investigación publicada por este diario durante la semana del 6 al 11 de marzo pasado, relacionada con donaciones que en la mayoría de los casos no fueron recibidas por los beneficiarios, y contratos por servicios profesionales que tampoco eran prestados.
Estas irregularidades habrían ocurrido durante los últimos dos períodos legislativos, es decir, 2015-2016 y 2016-2017, ambos presididos por el diputado del Partido Revolucionario Democrático Rubén De León.
Entre los denunciados se encuentra el coordinador de los trámites de donaciones y asesor de la Presidencia de la Asamblea, Teófilo Gálvez; y la secretaria de la presidencia de ese órgano del Estado, Isabel Araúz.