Son tres los contratos directos que avaló recientemente la Asamblea Nacional para trabajos de reparación y adecuación de su sede. El monto: $604,766.
La Dirección de Infraestructura y Servicios Generales de la Asamblea, a cargo de Ayerim Benítez, detalló que las obras son en tres puntos.
El primero se ejecutó recientemente. Se trata de la rehabilitación integral del pasillo del palco de prensa del Pleno Legislativo y del techo y cielo raso del pasillo del Salón Azul del viejo edificio, cuyo costo asciende a $280,339. Es el contrato de mayor cuantía.
El palco de prensa presentaba condiciones de deterioro asociadas principalmente a filtraciones de agua, desgaste del sistema de piso, afectaciones en el cielo raso y exposición de elementos estructurales a posibles procesos de corrosión, detalló Benítez.
Mientras que el área correspondiente al pasillo del Salón Azul presentaba deterioro en el sistema de cubierta y cielo raso.
La empresa seleccionada para esas labores de restauración fue Innovación Arquitectónica, S.A., cuyo representante legal es Claudio Ariel Obregón.
La Asamblea sustentó el contrato excepcional con base en la Ley No. 22 de 27 de junio de 2006. “Se considera necesaria la contratación de una empresa con experiencia comprobada y capacidad técnica para atender este tipo de intervención especializada”, dice el informe de la Dirección de Infraestructura.
Los trabajos, sin embargo, no están concluidos al cien por ciento. En el área intervenida todavía quedan paredes por resanar.
Techo deteriorado en el edificio de los diputados
El segundo contrato, por $205,445.99, fue adjudicado para la rehabilitación del cielo raso de gypsum de la plazoleta ubicada en el edificio anexo al Palacio Justo Arosemena, donde funcionan los despachos de los 71 diputados.
Desde hace varios meses, parte del techo de esa estructura, construida hace unos 15 años, se ha desprendido a pedazos. Como medida preventiva, el área permanece acordonada con cinta de seguridad para evitar que algún funcionario o visitante resulte herido.
Ese edificio alberga los despachos de los 71 diputados. Su construcción fue adjudicada en 2010 a Constructora Corcione y Asociados, S.A., al proponer un precio de $19.2 millones; sin embargo, su precio final se disparó a $29.2 millones.
Según Benítez, el cielo raso existente en la plazoleta ha sufrido un deterioro progresivo debido a filtraciones de agua provenientes del techo, las cuales afectaron significativamente tanto la estructura metálica que soporta el sistema de gypsum como las propias láminas de gypsum.
Indicó que, además, el diseño original del área no contempló la instalación de pasarelas técnicas para el mantenimiento de las luminarias, debido a que la altura entre el piso de la plazoleta y las láminas de gypsum es de aproximadamente 18 metros.
“Se ha imposibilitado el reemplazo de bombillos; desde que estos se quemaron, no se han podido reemplazar, ya que no contamos con los accesos ni equipos necesarios para el cambio, lo que ha dejado sin funcionamiento todos los puntos de iluminación. Todas las lámparas instaladas están obsoletas, afectando la iluminación del edificio y el confort visual de los espacios”, explicó.
La ejecución del proyecto, indicó, busca rehabilitar de manera integral la infraestructura afectada, reemplazar todos los componentes del sistema de gypsum, realizar un estudio para determinar si se pueden incorporar las pasarelas y tener vías de acceso a esta área. También pretenden renovar las luminarias por unas más modernas.
La obra fue adjudicada a Thompson Construction, S.A., cuyo representante legal es Raúl Eduardo Arias Arias.
En su informe, la Dirección de Infraestructura alegó que “resulta técnica, operativa y administrativamente viable contratar una empresa especializada que aporte la experiencia, el personal idóneo, los equipos, materiales y garantías requeridas para la correcta ejecución del proyecto”.
El plazo máximo para la ejecución de los trabajos es de ciento ochenta (180) días, contados a partir de la orden de proceder.
Modernización del sistema eléctrico
El tercer contrato directo asciende a $118,981 y es para el suministro e instalación de cableado eléctrico y tableros de distribución para el edificio anexo.
Según la Dirección de Infraestructura, la infraestructura eléctrica de ese edificio presenta limitaciones operativas debido a equipos con configuración monofásica, capacidad insuficiente de distribución, desgaste por uso prolongado y una distribución interna que no responde a las necesidades actuales de carga del área administrativa.
Estas condiciones, señala el informe técnico, han provocado inestabilidad en los circuitos, sobrecargas y deficiencias en el suministro eléctrico.
Benítez explicó que se requiere el suministro e instalación de un tablero de distribución de energía trifásico de 400 A, la instalación de breakers (interruptores automáticos) tipo I-Line, la desinstalación del tablero existente, así como el tendido de cableado para cinco tableros nuevos y existentes, y la sustitución de interiores de tableros.
La empresa seleccionada para colocar todo ese sistema nuevo fue Servicios de Ingeniería Vacor, cuyo representante legal es Óscar Xavier Andrade Villalta.
En la justificación de la contratación, Benítez sostuvo que la intervención era “técnica y administrativamente viable”, debido a la urgencia operativa de modernizar el sistema eléctrico del edificio.
