El ministro de Obras Públicas, José Luis Andrade, compareció este lunes 6 de abril ante la Comisión de Comercio de la Asamblea Nacional de Panamá para responder a un cuestionario de 29 preguntas sobre el proyecto de ampliación de la vía España.
“Voy a permitirme leer las respuestas”, dijo antes de adentrarse en un expediente que, según sostuvo, puede consultarse en su totalidad en el portal oficial de contrataciones públicas, es decir, PanamáCompra.
Desde el inicio, el ministro defendió la trazabilidad del proyecto de ampliación. Uno de los puntos que más llamó la atención fue la complejidad administrativa del proyecto.
Andrade detalló que “se generaron 15 resoluciones”, incluidas aquellas que anulan informes previos, admiten reclamos y ordenan nuevos análisis durante la licitación. La multiplicidad de decisiones reflejó un proceso accidentado, marcado por impugnaciones y revisiones técnicas.
En esa línea, confirmó que el contrato aún no cuenta con orden de proceder. “El contrato está en la Contraloría para el debido proceso de refrendo”, explicó, lo que deja en suspenso el inicio formal de la obra, a pesar de que ya existe una adjudicación definida.
El ministro defendió el mecanismo utilizado para contratar la obra, al subrayar que se trató de una licitación por mejor valor. “No depende exclusivamente del precio más bajo”, afirmó, sino de una ponderación entre costo, calidad y condiciones técnicas, en busca —según dijo— del mayor beneficio para el Estado.
En términos financieros, Andrade desglosó una cifra que supera los 107 millones de dólares, incluidos la obra, los costos asociados, el financiamiento y los impuestos. La adjudicación recayó en el Consorcio C&T Vía España, tras un proceso que incluyó impugnaciones resueltas por instancias administrativas a favor de ese grupo.
No obstante, el componente ambiental del proyecto permanece incompleto. El propio ministro reconoció que “a la fecha, el estudio de impacto ambiental no ha sido aprobado”, aunque aseguró que se trata de una evaluación de categoría 2 en desarrollo y que existe coordinación con el Ministerio de Ambiente para su eventual validación.
Las respuestas también evidenciaron tensiones con el sector comercial. Andrade admitió que “hemos encontrado alrededor de 60 microempresarios afectados y cerca de 300 comercios formales”, todos dentro del área de influencia de la obra. Pese a ello, descartó compensaciones económicas directas.
“¿El Estado tiene previsto indemnizar? No”, respondió de forma tajante, al reiterar que los afectados se encuentran dentro de la servidumbre pública. En su lugar, mencionó mesas de trabajo y posibles reubicaciones, sin compromisos concretos de resarcimiento económico.
La falta de consulta pública previa fue otro de los puntos sensibles. El ministro reconoció que “no se ha hecho una consulta pública formal antes de aprobar el proyecto”, aunque indicó que estos procesos se incorporarán en el estudio de impacto ambiental en curso.
Aun así, Andrade defendió la transparencia de la gestión. “Se ha cumplido con el principio de transparencia”, sostuvo, mientras proyectaba un impacto positivo en el empleo —150 plazas directas y 300 indirectas—, aunque admitió que la afectación económica inmediata “no se puede medir”.
La controversia
Durante la sesión, un intercambio entre los diputados Jairo Salazar, del Partido Revolucionario Democrático, y Ernesto Cedeño, del Movimiento Otro Camino, tensó la comparecencia en la Comisión de Comercio, desviando momentáneamente el debate técnico hacia un cruce de reproches personales.
Mientras Salazar intentaba exponer al ministro del MOP las afectaciones viales —“todos los carros se nos dañan, se forman unos tranques, la gasolina está cara”—, el presidente de la comisión, es decir, Cedeño, lo interrumpió para recordarle el tiempo. La respuesta no tardó en escalar: “Ese es el problema con usted”, lanzó el diputado colonense, cuestionando la conducción del debate.
La discusión subió de tono cuando Salazar acusó a Cedeño de restringir la participación. “Desde que lo pusieron de presidente… es más exquisito”, afirmó, en medio de interrupciones y llamados al orden.
Cedeño intentó retomar el control de la sesión: “No vamos a entrar en una discusión, cada diputado puede interpelar como quiera… aterríce, por favor”, replicó. Pero el forcejeo verbal continuó, con Salazar reclamando su derecho a intervenir —“yo tengo derecho a voz”— y advirtiendo que no permitiría ser silenciado.
