Con 56 votos a favor y una abstención el pleno de la Asamblea Nacional aprobó la noche del lunes 23 de septiembre en segundo debate el proyecto de Ley 23, que excluye de las convenciones colectivas a personal integrante de empresas estatales.
Ariana Coba, diputada panameñista y proponente de la iniciativa legislativa, dijo a La Prensa que el proyecto busca que los altos mandos de empresas estatales no cobren indemnización.
Estas empresas son: Empresa de Transmisión Eléctrica S. A (Etesa), Empresa Nacional de Autopistas (ENA), Metro de Panamá, S.A. y Tocumen, S.A.
Coba agregó que la propuesta, que ahora pasa a tercer debate, también tiene como objetivo que los funcionarios jerárquicos no cobren prima de antigüedad.
Durante su discusión, el proyecto pasó a una mesa técnica y durante el segundo debate sufrió modificaciones.
“Pero el espíritu de la propuesta no se alteró”, añadió la diputada.
Cambiaron, entre otras cosas, el título de la iniciativa. En un principio se tituló: proyecto que busca excluir de los beneficios de la convención colectiva a altos mandos de empresas estatales. Al final quedó así: proyecto de ley que modifica y adiciona artículos a leyes de empresas estatales.
“Se modificó porque le hacía ruido a los sectores gremiales, sindicatos... en realidad eso era una semántica”, dijo Coba.
En la discusión se explicó que no se busca modificar el tema de convenciones colectivas ni el Código de Trabajo.
Se eliminó la frase “trabajador de confianza”, pues aplicaba a miembros de juntas directivas, gerente general, auditores.
“La quitamos porque ‘personal de confianza’ se podía confundir con el personal de las empresas que sí están contratadas”, sostuvo.
Reiteró que los funcionarios nunca han tenido derecho a indemnizaciones, pero este grupo de personas alegaba que laboran en una empresa, olvidando que era una compañía mixta, que al final el dueño es el Estado.
De aprobarse en tercer debate y ser sancionada por el Ejecutivo, la propuesta empieza a regir desde su promulgación. No sería retroactiva.
La iniciativa surge luego del escándalo sobre las indemnizaciones que por “mutuo acuerdo” recibirían el gerente general, el subgerente y cuatro jefes “de confianza”de Etesa, alegando que la misma fue autorizada por su junta directiva.
La indemnización que reclamaban seis funcionarios de libre nombramiento y remoción sumaba casi $1 millón, repartidos así: $249,195 y $306,615, para el exgerente Carlos Mosquera y el exsubgerente Óscar Rendoll, respectivamente; $77,095 para el exgerente de Compras, Daniel Castilla; $116,577, para el exdirector de Finanzas, Pablo Castrejón; $119,366, para el exdirector de Asesoría Legal, Ramón Palacios, y $91,068, para la exdirectora de Servicios Corporativos, Zorina Carles.
