El pleno de la Asamblea Nacional aprobó este martes 25 de marzo la propuesta de citación al ministro de Comercio e Industria (MICI), Julio Moltó, y al administrador de la Autoridad Marítima de Panamá (AMP), Luis Roquebert, para que respondan un cuestionario sobre el contrato de concesión a Panamá Ports Company (PPC).
La propuesta, presentada por la diputada independiente Janine Prado junto con otros de sus colegas, fue aprobada con 32 votos a favor, uno en contra y tres abstenciones.
Entre las preguntas que se les realizarán a los funcionarios están: luego de la prórroga de 25 años al contrato con PPC, ¿cuál es el impacto económico que ha recibido el Estado? ¿Qué mecanismo de supervisión se aplica para garantizar que las concesiones se cumplan? ¿Cuántas hectáreas están concesionadas a PPC y cuál es el pago que realiza por metro cuadrado? ¿Cada cuánto tiempo debe recibir el Estado las utilidades y cuánto ha sido el monto? ¿Quién es el representante del Estado dentro de la directiva de PPC y cuáles han sido sus posturas ante la toma de decisiones de la empresa?
El pasado mes de febrero, la Contraloría inició una auditoría a PPC, empresa que administra los puertos de Balboa y Cristóbal.
PPC, compañía filial de Hutchison Ports Holding, está bajo fiscalización por las autoridades, que buscan determinar si cumple con sus compromisos contractuales, incluyendo la presentación de informes financieros precisos y el pago correspondiente al Estado.
