La Asamblea Nacional informó este miércoles 6 de agosto que ha iniciado una revisión completa y exhaustiva del funcionamiento de las oficinas de participación ciudadana en todo el país, comenzando con la sede ubicada en la provincia de Veraguas.
Esta acción surge tras una denuncia que señala que, según informes de planilla, en dicha oficina estarían laborando más de 50 personas. Sin embargo, en la práctica, solo se encontrarían alrededor de cuatro trabajadores en sus respectivos puestos.
“Hemos recibido con suma seriedad los señalamientos que indican el uso ineficiente de los recursos públicos, incluyendo una estructura de personal sobredimensionada, contratación de personas sin funciones claras, gastos acumulados sin justificación y planillas abultadas”, indica un comunicado.
De acuerdo con la Asamblea, este tipo de situaciones, de comprobarse, constituirían una falta grave “al compromiso de transparencia, eficiencia y rendición de cuentas que la ciudadanía exige y merece”.
“La participación ciudadana no puede, bajo ningún concepto, convertirse en fachada para clientelismo ni en pretexto para sostener estructuras inoperantes”, agrega el comunicado.
El presidente de la Asamblea, Jorge Herrera, ordenó levantar un informe técnico detallado sobre la composición, funcionamiento, costos y resultados de estas oficinas a nivel nacional.
“Esta evaluación incluirá análisis de planillas, contratos de alquiler, gastos operativos e impacto legislativo de la iniciativa ciudadana”, añadió.
Herrera indicó que, una vez se identifiquen los hallazgos, se tomarán las medidas correctivas correspondientes, lo que podría incluir el cierre de oficinas y posibles destituciones.
