El pleno de la Asamblea Nacional aprobó este jueves 30 de octubre, en tercer debate, el proyecto de ley No. 396, que establece el marco regulatorio para la prevención de pérdidas y desperdicio de alimentos en Panamá.
La iniciativa fue presentada el pasado 15 de julio por el diputado Ariel Vallarino, del partido Realizando Metas, con el objetivo de promover la seguridad alimentaria y adoptar medidas que reduzcan la pérdida de alimentos a lo largo de toda la cadena de producción y consumo.
La disposición recibió el respaldo unánime de 46 diputados durante la sesión plenaria.
Entre los objetivos específicos de la norma destacan:
+ Evaluar y cuantificar las mermas de alimentos en cada etapa de producción.
+ Prevenir y minimizar el desperdicio alimentario en todo el territorio nacional.
+ Contribuir a la erradicación de la pobreza.
+ Fomentar la sostenibilidad de los sistemas alimentarios y la implementación de la economía circular en el manejo de alimentos.
El Pleno Legislativo aprobó en tercer debate, el Proyecto de Ley, que establece medidas para la Prevención de Pérdidas de alimentos y la promoción de la seguridad alimentaria, y dicta otras disposiciones, propuesta del HD Ariel Vallarino pic.twitter.com/7B957VzMZH
— Asamblea Nacional (@asambleapa) October 30, 2025
De acuerdo con datos de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), en Panamá más de 200 mil personas padecen hambre, lo que representa el 5.3% de la población. En las comarcas indígenas, uno de cada dos niños sufre desnutrición, mientras que unas 350 toneladas de alimentos se desperdician diariamente.
Ante este panorama, el diputado Vallarino señaló que la iniciativa introduce reglas modernas para la conservación de los alimentos.
“Lo fundamental es minimizar la pérdida de toneladas de comida que, en muchas ocasiones, terminan en los basureros”, acotó.
Vallarino agregó que el proyecto fue ampliamente discutido y analizado con diversos sectores, entre ellos la Iglesia católica, el Banco de Alimentos, el Ministerio de Salud y representantes de la empresa privada.
Ahora, la propuesta de ley espera la sanción o el veto del Órgano Ejecutivo.
