El presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Luis Herrera, presentó un anteproyecto de ley para reformar la Ley 37 de 2009, que regula la descentralización de la administración pública en Panamá. La iniciativa propone fortalecer la autonomía de los gobiernos locales mediante un aumento significativo de los recursos municipales y de las dietas de la junta directiva de la Autoridad Nacional de Descentralización (AND), entre otros cambios.
La propuesta de Herrera, quien ha sido electo en varias ocasiones como alcalde de Aguadulce, Coclé, establece el aumento de las dietas de los miembros de la Junta Directiva, que pasarían de $100 a $500 por asistencia a reuniones, un incremento de cinco veces.
La directiva de la AND está conformada por los ministros de la Presidencia, Economía y Finanzas, Gobierno, o quien ellos designen; al igual que por el presidente de la Asamblea, o quien este designe; un representante de la Asociación de Alcaldes de Panamá; un representante de la Coordinadora Nacional de Representantes; un representante de la Asociación de Municipios de Panamá; un representante de los pueblos originarios de Panamá; y tres representantes de la sociedad civil vinculados con el desarrollo municipal.
En su propuesta, el presidente de la Asamblea Nacional también plantea incorporar al contralor general de la República en esta directiva. En la actualidad, ese cargo está en manos de Anel Flores.
Además, el presidente de la Asamblea busca disminuir el número de representantes de la sociedad civil en la directiva, de tres a dos.
Solidaridad municipal se duplica
En materia de financiamiento, el anteproyecto ajusta el impuesto de inmuebles y eleva el monto mínimo para aplicar la fórmula de solidaridad intermunicipal de $500,000 $1,000,000. El Ministerio de Economía y Finanzas transferirá a los municipios toda la recaudación, incluyendo recargos y multas. La distribución a nivel de corregimiento se estructurará en tres criterios: 25% según índice de pobreza multidimensional, 25% por índice de desempleo y 50% por densidad de población. Los fondos podrán destinarse a un uso más amplio, incluyendo protección integral de la niñez y la adolescencia.
El Programa de Inversión de Obras Públicas y Servicios Municipales (PIOSM) también experimentará un aumento progresivo: de $110,000 a $250,000 a partir de 2026. La propuesta establece además la creación de una Unidad Gestora de Inversión en cada alcaldía, con apoyo financiero del Gobierno Central a municipios no metropolitanos y subsidiados.
Rendición de cuentas
La iniciativa también obliga a las autoridades locales a mantener actualizada la información relevante en la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información, al igual que en el Sistema de Información para la Ejecución y Rendición de Cuentas (Sierc), una plataforma electrónica utilizada principalmente por los municipios y el gobierno central para registrar, supervisar y rendir cuentas sobre la ejecución de los recursos y proyectos municipales.
Igualmente suspende las transferencias de fondos del Gobierno Central a municipios y juntas comunales si no aprueban su presupuesto anual antes de febrero. Esta medida también se aplicará si los fondos no se ejecutan o comprometen en dos años, o por no rendir cuentas.
El anteproyecto del diputado del Partido Panameñista también dice que las decisiones de audiencias públicas, cabildos abiertos y consultas ciudadanas sobre proyectos de inversión serán vinculantes, siempre que participe al menos el 2% de los moradores del área. Se prohíbe que miembros de las juntas de desarrollo local sean funcionarios de la junta comunal o parientes del representante de corregimiento hasta el tercer grado de consanguinidad.
El documento también introduce una nueva clasificación de corregimientos basada en población, densidad e índice de pobreza.
El anteproyecto de Herrera llega justo cuando el gobierno de José Raúl Mulino acaba de emitir la Resolución N.° 25, imponiendo medidas administrativas y fiscales para frenar el gasto público. Al mismo tiempo, el Ministerio Público investiga a alcaldes y representantes acusados de despilfarrar fondos de la llamada “descentralización paralela”.
