En la Asamblea Nacional cerró el proceso de postulaciones para el cargo de magistrado del Tribunal Electoral, con 27 aspirantes en carrera por la vacante que dejará Alfredo Juncá al finalizar su período en 2026.
Detrás de la lista de nombres se dibuja un patrón político: una porción significativa de los aspirantes proviene del sector público, muchos con trayectoria en el aparato estatal o vínculos con estructuras de poder. Esto perfila una contienda en la que no solo se medirán credenciales jurídicas, sino también influencias, alianzas y la capacidad de incidir en una designación que, en última instancia, se resolverá en el terreno político.
Entre los aspirantes también figuran el asesor de la Asamblea Nacional, Javier Ordinola Bernal; el director nacional de Cedulación, Gilberto Estrada De Icaza; y el fiscal de cuentas, Jaime Barroso Pinto, perfiles con trayectoria directa dentro del engranaje estatal.
A ellos se suman el vicealcalde capitalino, Roberto Ruiz Díaz; la presidenta del Colegio Nacional de Abogados, Maritza Cedeño Vásquez; y el administrador de la Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia, Ramón Abadi Balid, lo que refuerza la presencia de figuras con peso tanto en el ámbito público como en el gremial.
Otros nombres en la lista incluyen a Ceila Ivet Peñalba Ordoñez, responsable del departamento de asesoría legal de la Asamblea Nacional; Jacob Carrera Spooner, actual magistrado suplente del Tribunal Electoral; Raúl Horacio Gutiérrez Flores, exsecretario de la Autoridad Marítima de Panamá; y Garrit Genetau Real, director regional de la Contraloría General de la República en Panamá Oeste.
A este grupo se suma Alfredo Juncá Wendehake, quien busca la reelección como magistrado principal del Tribunal Electoral. Asimismo, figuran Raj Kumar Zamorano Cardona y Francisco Zaldivar Salabarría, ambos vinculados a la misma institución, quienes aspiran a ocupar posiciones como magistrados suplentes, lo que refuerza la presencia de perfiles internos en la contienda.
La premura
En la Asamblea Nacional se ha impuesto un ritmo acelerado en el proceso de designación del nuevo magistrado, con la intención de concretar el nombramiento antes de que finalice la actual legislatura, a finales de abril, pese a que el período de Alfredo Juncá se extiende hasta diciembre de este año.
Bajo este escenario, la Comisión de Credenciales enfocará, a partir de la próxima semana, sus sesiones en este proceso constitucional, clave para la conformación del órgano electoral.
Para el analista político José Eugenio Stoute, el proceso de selección del nuevo magistrado del Tribunal Electoral no escapa a dinámicas ya conocidas en la política nacional. A su juicio, en este tipo de convocatorias suelen aparecer aspirantes sin posibilidades reales de ser escogidos, que participan más con el objetivo de figurar y capitalizar visibilidad pública que de competir efectivamente por el cargo.
Sin embargo, lo que realmente llama la atención, advierte, es la intención del Legislativo de adelantar la elección varios meses antes de que se produzca la vacante, incluso antes de la renovación de la junta directiva de la Asamblea Nacional, prevista para el 1 de julio.
Para Stoute, este movimiento apunta a la existencia de un acuerdo político previo que busca asegurar el resultado, lo que añade un componente de cálculo y control al proceso de designación.
El período de sesiones ordinarias de la Asamblea Nacional concluye el 30 de abril, lo que deja a los diputados con apenas dos semanas para aprobar el nuevo nombramiento del magistrado del Tribunal Electoral.
Este margen reducido se da en medio de una agenda cargada, que incluye la discusión en segundo debate del nuevo reglamento interno del Legislativo y el controvertido proyecto de ley de bioetanol, una iniciativa que ha generado cuestionamientos en la ciudadanía por su carácter obligatorio.
La ventaja
Aunque, más allá de este contexto, ya se perfilan algunos nombres con ventaja dentro de la lista, como el de Jaime Barroso, por su cercanía con el Partido Panameñista y con el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Herrera.
También destaca Alfredo Juncá, quien cuenta con experiencia en el cargo, así como Maritza Cedeño Vásquez, presidenta del Colegio Nacional de Abogados, que mantiene cercanía institucional con el Ejecutivo.
De hecho, el presidente José Raúl Mulino, en compañía de la primera dama, Maricel Cohen de Mulino, condecoró a Maritza Cedeño como abanderada del 4 de noviembre de 2025.
También está el caso de Ramón Abadi, actual director de la Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia, designado por el Ejecutivo.
