Una de las principales promesas de campaña del presidente, Ricardo Martinelli, fue la de respetar la libertad de expresión. Sin embargo, transcurridos los primeros 10 meses de su gestión, periodistas, gremios y medios advierten una tendencia contraria.
“Critíquenme, que yo no tengo esa epidermis cortita que tienen muchos políticos”, dijo Martinelli durante la toma de posesión de la junta directiva del Consejo Nacional de Periodismo.
Pero registros de prensa dan cuenta de que, en sus primeros 300 días de gobierno, suman por lo menos 11 los ataques contra periodistas y medios de comunicación.
El primer hecho data de noviembre de 2009, cuando el ministro de Gobierno, José Raúl Mulino, declaró a la directora del Consejo de Prensa de Perú, Kela León, que “en Panamá lo que impera es la ética del billete [y] existe una lista de periodistas emplanillados que le sorprendería”.
Mulino lo negaría todo después, como consecuencia del revuelo ocasionado por sus declaraciones.
Un par de meses después, sin embargo, el propio Presidente tildó de “pacotilla” los noticieros de televisión.
Acto seguido, la diputada oficialista Dalia Bernal presentó en la Asamblea una resolución que pedía la reactivación de la “Junta Consultiva de Censura”, y pidió que se regularan los noticieros y periódicos, al tiempo que calificó a los periodistas como “cotorros”.
En febrero, el comentarista deportivo Juan Carlos Tapia denunció ser víctima de una persecución por parte de funcionarios del Ministerio de Economía y Finanzas, y advirtió que, según fuentes de ese mismo despacho, la medida iba contra todos los medios de comunicación.
En marzo, el Ministerio Público (MP) abrió una investigación contra los periodistas Santiago Cumbrera (Panamá América) y Alexis Charris (La Estrella), luego de que ambos publicaron informes sobre la supuesta baja deshonrosa que le habían dado, en 1990, al actual director de la Policía Nacional, Gustavo Pérez.
Al citar a los periodistas, el MP intentó obligarlos a revelar sus fuentes, pero ambos se acogieron al artículo 4 de la Ley 22 del 29 de junio de 2005, que garantiza dicha reserva.
Un mes después, el 30 de abril, la juez segunda civil, Miriam Cheng de Aguilar, dictó un fallo contra Corporación La Prensa y la condenó a pagar 300 mil dólares a la fiscal Argentina Barrera, quien, según su opinión, sufrió daños por la publicación en 2005 de dos noticias que tenían como fuente oficial un boletín de prensa del Ministerio Público (MP).
“Estamos ante una perfecta aberración jurídica, cargando con un par de jueces que dejan al sistema judicial penando vergüenza ajena, lo que envía un mensaje escalofriante a los medios”, dijo Fernando Berguido, presidente de La Prensa, que apeló el fallo.
