La Contraloría General de la República entregó este miércoles, 16 de julio, ocho informes de auditoría al Ministerio Público, como parte de una revisión que abarca el presunto manejo irregular de fondos públicos por parte de las juntas comunales entre 2019 y 2024.
En total, se auditan 72 juntas comunales distribuidas en distintas regiones del país, en una investigación que podría destapar uno de los escándalos administrativos más significativos de los últimos años, el cual se conoce como la descentralización paralela.
Los informes entregados revelan graves irregularidades en el uso de fondos destinados a proyectos comunitarios, según informó el contralor general, Anel Flores. Las anomalías documentadas ya están bajo análisis del Ministerio Público, que deberá determinar la posible comisión de delitos contra la administración pública.
Flores adelantó que, en los próximos días, se sumarán entre seis y siete auditorías adicionales, con lo cual la primera fase del proceso concluiría con al menos 14 informes. Aunque los detalles específicos se mantienen bajo reserva judicial, el contralor advirtió que los montos mal manejados podrían superar los 20 millones de balboas.
“El impacto económico varía según cada caso”, explicó Flores. “Hay hallazgos que oscilan entre $300 mil y $800 mil, y otros que alcanzan varios millones”, agregó, sin precisar el nombre de las juntas involucradas. La amplitud de las irregularidades refuerza la preocupación sobre el uso discrecional de fondos descentralizados.
Otras diligencias
Recientemente, la Autoridad Nacional de Descentralización (AND) informó que, hasta el 10 de julio de 2024, había remitido al Ministerio Público un total de 280 denuncias por presuntos malos manejos vinculados al esquema conocido como “descentralización paralela”, por un monto acumulado que supera los 200 millones de dólares.
La cifra, incluida en un informe sobre el primer año de gestión, revela la magnitud del desvío de recursos que, según la entidad, debieron destinarse a obras comunitarias y proyectos municipales.
Las fiscalías anticorrupción han calificado como causa compleja la investigación sobre el uso de fondos asignados mediante el esquema de descentralización paralela.
El volumen de documentos requeridos a cada junta comunal, sumado a la ubicación remota de muchas de ellas, ha dificultado el acceso a las obras que supuestamente fueron construidas con estos recursos. Los fiscales enfrentan obstáculos logísticos para verificar en campo si las contrataciones realmente se ejecutaron.
Como parte del proceso, las fiscalías deben comprobar la existencia y ejecución de cientos de obras supuestamente financiadas con recursos públicos.
Varios representantes de corregimiento que asumieron funciones en 2024 afirmaron haber encontrado proyectos inconclusos, sin sustento documental y con cuentas por pagar. La situación deja entrever una posible red de contrataciones fantasmas o mal gestionadas durante la administración anterior.
Uno de los patrones identificados por las autoridades apunta a que la mayoría de las juntas comunales que recibieron mayores sumas de dinero están vinculadas al Partido Revolucionario Democrático (PRD).
