Panamá cerró 2025 con un repunte en las denuncias por violencia doméstica. El Ministerio Público registró 16,444 casos, 908 más que en 2024, cuando se contabilizaron 15,536, lo que representa un incremento de 5.8%. El alza revierte la tendencia a la baja observada un año antes y se concentró, sobre todo, en el último cuatrimestre del año.
Entre septiembre y diciembre de 2025 se reportaron 6,174 denuncias, frente a 4,850 en el mismo periodo de 2024. El salto de fin de año marcó el ritmo del aumento anual y volvió a colocar la violencia dentro del hogar como uno de los delitos más frecuentes del país.
Las áreas más afectadas
Los sectores con mayor densidad poblacional concentraron la mayoría de los casos. Panamá pasó de 4,438 denuncias en 2024 a 4,757 en 2025; Panamá Oeste, de 3,384 a 3,510. Mientras que el distrito San Miguelito registró uno de los incrementos más pronunciados, al subir de 586 a 724. En el interior, Chiriquí y Herrera también mostraron aumentos, mientras Bocas del Toro reportó una disminución interanual.
El comportamiento de la violencia doméstica se inscribe en un contexto más amplio: los delitos contra el orden jurídico familiar y el estado civil sumaron 22,214 denuncias en 2025, un 4.4% más que en 2024. Dentro de ese conjunto, el maltrato al adulto mayor creció 17%, mientras los delitos contra la familia cayeron 25%, según los datos oficiales.
Sin embargo, los informes estadísticos del Ministerio Público no contienen las denuncias de violencia doméstica por sexo de la víctima. Las cifras muestran cuántos casos se registraron, dónde y cuándo, pero no permiten identificar cuántos afectaron específicamente a mujeres. Se trata de una limitación reconocida en los propios reportes, que advierten que los datos son preliminares y pueden variar conforme avanza la investigación penal.
La mujer, víctima
Pese a esa ausencia de ese datos en los informes más recientes, series históricas de entidades estatales y organismos especializados han documentado de forma consistente que la mayoría de las víctimas de violencia doméstica en Panamá son mujeres, especialmente en contextos de dependencia económica, informalidad laboral y sobrecarga de cuidados. La falta de datos actualizados por sexo limita la evaluación precisa del impacto de las políticas públicas y la focalización de la respuesta institucional.
En 2018, el Centro de Estadísticas Judiciales del Órgano Judicial consignó que el 76% de las víctimas de violencia doméstica eran mujeres. En el sistema de salud, el Ministerio de Salud sintetizó el quinquenio 2015–2019 con una frase contundente: el 85% acumulado de las víctimas por sospecha de violencia son mujeres.
Mientras que el VII Informe Nacional Clara González advierte que la dependencia económica de las mujeres frente a sus parejas actúa como una traba para romper el ciclo de violencia. Esa dependencia gana terreno en un mercado laboral con alta informalidad: en octubre de 2024, el Instituto Nacional de Estadística y Censo reportó que 48.4% de las mujeres ocupadas tenía empleo informal.
A la vez, la carga de cuidados recae sobre ellas con fuerza. La Encuesta de Mercado Laboral evidencia esta realidad al advertir que el 98% de quienes dejaron de buscar trabajo por cuidado de hijos u “otras responsabilidades familiares” eran mujeres (2019).
La Organización Mundial de la Salud ha advertido de forma reiterada que la violencia ejercida por la pareja es la manifestación más frecuente de violencia contra las mujeres, y ha subrayado su impacto directo y persistente sobre la salud física, mental y el ejercicio pleno de sus derechos.
De ministerio a instituto
Este panorama coincide con un debate político de alto voltaje que se registra por estos días. La Asamblea Nacional discute un proyecto de ley que elimina el Ministerio de la Mujer y restituye el Instituto Nacional de la Mujer (Inamu), una propuesta que ha generado rechazo entre organizaciones y colectivos feministas, que la consideran un retroceso institucional en la protección de los derechos de las mujeres.
La iniciativa impulsada por el gobierno de José Raúl Mulino debe ser discutida en segundo debate en el pleno legislativo.
