El reciente aumento de 4,000 dólares a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), que eleva sus ingresos totales a 14,000 dólares mensuales entre salario y gastos de representación, podría desencadenar un efecto dominó en otras instancias del Estado.
Al menos ocho funcionarios tendrían el argumento legal para reclamar ajustes similares, siguiendo el precedente establecido por la CSJ. Este escenario plantea una posible escalada de incrementos salariales dentro del sector público, en un contexto en el que las finanzas estatales enfrentan presiones y la sostenibilidad fiscal se ha convertido en una preocupación central.
El contralor Anel Bolo Flores ya lo advirtió al señalar que este aumento, aprobado por insistencia, podría abrir la puerta para que otros altos funcionarios exijan ajustes similares. Entre los posibles beneficiados mencionó al procurador de la Nación, al procurador de la Administración y a miembros del Tribunal de Cuentas, así como a otros funcionarios que podrían reclamar incrementos salariales bajo el mismo argumento.
#Ahora El contralor Anel Flores revela que refrendó el aumento de salario a magistrados de la Corte por insistencia.https://t.co/rLx5Yn2AoO pic.twitter.com/dVaIUMhPJX
— La Prensa Panamá (@prensacom) March 27, 2025
Por ejemplo, el Código Judicial, en su artículo 411, indica que el procurador general de la Nación y el procurador de la Administración tendrán la misma categoría, remuneración, garantías, prerrogativas y restricciones que los magistrados de la CSJ.
A esto se suma que el Código Electoral, en su artículo 577, establece que los magistrados principales del Tribunal Electoral tienen los mismos privilegios y prerrogativas reconocidas a los magistrados de la CSJ y a los ministros de Estado. En ningún caso, sus sueldos y emolumentos podrán ser inferiores a los de dichos servidores.
Asimismo, los magistrados del Tribunal de Cuentas gozan de los “mismos derechos, emolumentos y prerrogativas reconocidos a los magistrados de la Corte”.
Revisión de leyes
El contralor también abordó la legalidad de la medida, aclarando que, aunque el aumento estaba estipulado por ley, no es algo que él apoye de forma voluntaria. De hecho, Flores sugirió que será necesario revisar y, posiblemente, reformar ciertas leyes que permiten que este tipo de aumentos ocurran en momentos inapropiados. Según él, la situación fiscal del país debería ser el factor determinante para suspender estos ajustes, en lugar de seguir una normativa que podría no ser adecuada para las circunstancias actuales.
La Contraloría aprueba el aumento salarial a los Magistrados de la Corte Suprema. Esto cae fatal en un momento donde el país espera ahorros, tan solo ayer se logro frenar el aumento salarial y de beneficios a la figura del Defensor para que ahora salgan con esto. Es inaceptable.
— José Pérez Barboni 🟧🟦 (@PerezBarboni) March 27, 2025
Además, alertó sobre los posibles efectos secundarios de este aumento salarial, señalando que podría motivar a otros funcionarios a buscar beneficios similares. A pesar de ello, dejó claro que no firmará ningún incremento salarial fuera del presupuesto aprobado, advirtiendo que el Ministerio de Economía y Finanzas debe congelar todos los aumentos salariales por los próximos dos años, hasta que la situación económica del país mejore.
Otros magistrados
Uno de los que se ha pronunciado sobre el tema es el diputado del partido Movimiento Otro Camino y abogado Ernesto Cedeño, quien advirtió sobre las posibles repercusiones del aumento a los magistrados en otras instancias del poder judicial y el Ejecutivo.
En palabras del diputado, magistrados del Tribunal Superior, que actualmente perciben un salario y gastos de representación de 7,000 dólares, podrían exigir ajustes similares bajo el argumento de equidad con los magistrados de la Corte, cuyo salario y gastos de representación ascienden ahora a 14,000 dólares.
Me muestro en contra del aumento de salario de los magistrados de la Corte Suprema pic.twitter.com/ac7DfJQzdZ
— ERNESTO CEDEÑO A. (@ernestocedeno) February 5, 2025
Incluso, mencionó que los ministros podrían sumarse a esta tendencia, lo que, a su juicio, ha desatado una “ola de ambición” dentro del aparato estatal en un momento en el que el país enfrenta dificultades económicas.
El incremento, que los magistrados pretendían hacer efectivo a partir de febrero, fue justificado por ellos mismos como un esfuerzo para equiparar los salarios de los jueces panameños con los de sus colegas en la región.
Y aunque representa un costo adicional de 432,000 dólares anuales para el Estado, la principal crítica surge por el momento en que se implementa. Diputados y organismos de la sociedad civil han cuestionado la decisión, argumentando que, en un contexto de dificultades económicas y necesidad de contención del gasto, este ajuste envía un mensaje contradictorio.
