En el primer debate del tercer bloque de reformas a la Caja de Seguro Social (CSS), la Comisión de Trabajo, Salud y Desarrollo Social de la Asamblea Nacional rechazó el aumento de la edad de jubilación propuesto en el proyecto de ley 163.
La iniciativa del Ejecutivo planteaba elevar la edad de retiro de 57 a 60 años para las mujeres y de 62 a 65 años para los hombres, una medida que generó un intenso debate en diversos sectores. Considerado el punto más polémico del paquete de reformas, el ajuste fue descartado en esta etapa legislativa, aunque la discusión sobre la sostenibilidad del sistema de pensiones sigue abierta y se espera que nuevas propuestas sean evaluadas en el segundo debate.
Uno de los primeros en reaccionar fue el director de la CSS, Dino Mon, quien afirmó que, en la siguiente fase del proceso legislativo, cuando aún pueden presentarse modificaciones, insistirán en la necesidad de aumentar la edad de jubilación.
La propuesta del Gobierno era incrementar la edad en tres años de un solo golpe. Luego surgió una propuesta legislativa, liderada por el oficialista Realizando Metas, para que el incremento de la edad fuera progresivo. Esta opción también fue bien vista por Mon.
El argumento
Mon sustentó su postura señalando que el problema tiene una raíz demográfica y financiera. Explicó que la tendencia global muestra un incremento en la esperanza de vida y una reducción en la tasa de natalidad, lo que dificulta la sostenibilidad del sistema de pensiones basado en la contribución de trabajadores activos para financiar a los jubilados.
“Es una dinámica mundial”, afirmó, subrayando que la crisis del financiamiento previsional no puede resolverse sin atender estos cambios estructurales.
El especialista destacó que más del 90% de los países han optado por aumentar la edad de retiro para garantizar la viabilidad de sus sistemas de seguridad social.
En este sentido, señaló que Panamá no puede ser la excepción y que postergar la discusión solo agravaría el problema.
“Nunca vamos a tener la cantidad de cotizantes suficiente para sostener a los pensionados bajo un modelo piramidal”, advirtió, enfatizando que las matemáticas no dejan margen para evitar este ajuste.
Mon reconoció que la medida puede resultar impopular, pero defendió su aplicación gradual para minimizar el impacto en los trabajadores.
“Yo soy el que menos quisiera que nos aumenten la edad de jubilación”, expresó, aunque insistió en que el país debe garantizar la protección social a futuro.
Además, subrayó que el nivel de financiamiento necesario para sostener las pensiones debe estar alineado con las transformaciones demográficas; de lo contrario, advirtió, el desarrollo del país y el bienestar de la población podrían verse comprometidos.
Ante la inminente segunda discusión del proyecto, Mon reiteró su posición a favor del incremento de la edad de retiro. “Tenemos que hacernos a la idea de que esto va a pasar”, sostuvo, enfatizando la urgencia de adoptar medidas responsables para evitar la insostenibilidad del sistema de pensiones.
Lo aprobado
Según lo decidido por los diputados en primer debate, la edad de jubilación se mantendría en 57 años para las mujeres y 62 años para los hombres, permitiendo a los trabajadores la opción de prolongar su vida laboral si así lo desean. Esta decisión reafirma la negativa de los legisladores a elevar la edad de retiro.

Durante la discusión, también se abordó el artículo 153, relacionado con los ingresos al Fondo Único Solidario. Inicialmente, el Gobierno había propuesto un aporte de 997 millones de dólares para fortalecer este fondo.
Sin embargo, la propuesta legislativa busca incrementar dicha contribución estatal. El diputado Rodríguez cuestionó la necesidad de aumentar la edad de jubilación cuando, según estimaciones del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), la evasión fiscal del ITBMS asciende a mil millones de dólares anuales, una cifra superior al costo de mantener la edad de retiro actual.
Asimismo, criticó la gestión fiscal del Gobierno, argumentando que una recaudación eficiente de impuestos evitaría trasladar el ajuste financiero a los trabajadores.
También hizo un llamado a reducir los gastos estatales innecesarios y el crecimiento descontrolado de la planilla pública, que en un mes sumó casi 4,000 nuevos empleados y alcanzó los 4,700 millones de dólares.
Según la diputada, este incremento fue un factor clave en la decisión de la calificadora Fitch Ratings de retirar a Panamá el grado de inversión en marzo de 2024.