El reciente intento de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) por obtener un aumento salarial de $4,000 ha desatado una ola de críticas en distintos sectores del país. La propuesta, considerada inoportuna en un contexto de restricciones fiscales, ha generado un intenso debate sobre la gestión de los recursos públicos y las prioridades del sistema judicial.
Entre las voces disidentes destaca la del diputado de la coalición independiente Vamos, Jhonatan Vega, quien cuestionó la medida, señalando que el aumento carece de justificación en un país donde persisten deficiencias en áreas clave como educación y salud.
Vega, quien también forma parte de la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional, criticó la falta de revisión de las vistas presupuestarias y la ausencia de debates sobre el presupuesto general del Estado para el año 2025. “Nunca vimos las vistas presupuestarias y ahí están los resultados”, señaló, cuestionando el proceso que permitió la aprobación del incremento sin un análisis previo por parte de los diputados.
Como se recordará, la Comisión de Presupuesto llevó a cabo solo 10 de las 96 vistas presupuestarias programadas en 2024, una omisión que generó preocupación entre distintos sectores políticos y económicos del país.
Efecto dominó. pic.twitter.com/Iegx28kpLc
— Jhonathan Vega (@jhonathanevega) February 6, 2025
De hecho, el diputado de Vamos subrayó que la falta de estas audiencias, esenciales para la transparencia y el control del gasto público, ha dejado sin escrutinio la asignación de recursos a diversas instituciones estatales, entre ellas la CSJ, la cual incluyó este ajuste salarial dentro de su presupuesto de 2025, pero no pudo ser analizado en la Comisión de Presupuesto.
Precisamente, en octubre de 2024, la oposición a la suspensión de las vistas fue encabezada por el diputado de libre postulación Betserai Richards, quien, junto a cuatro diputados de la coalición Vamos, denunció la intención de sus colegas de la Comisión de Presupuesto de “aprobar un presupuesto 2025 sin su debida revisión” y discusión.
Aspectos legales
Vega también hizo referencia a las disposiciones legales que permitieron este ajuste salarial. Explicó que la Ley de la Contraloría establece que, si una entidad insiste en un refrendo, la Contraloría está obligada a aprobarlo o, en su defecto, remitirlo a la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia. Este mecanismo, según el diputado, convierte a los magistrados en “juez y parte”, ya que podrían terminar aprobando su propio incremento salarial sin una revisión externa efectiva.
El diputado advirtió sobre el efecto en cadena que podría generar esta decisión. Citó los artículos 142 y 224 de la Constitución, los cuales establecen que otros funcionarios, como los magistrados del Tribunal Electoral, del Tribunal Administrativo Tributario y del Tribunal de Cuentas, además del Procurador General de la Nación y el Procurador de la Administración, tienen derecho a recibir los mismos beneficios salariales que los magistrados de la Corte Suprema de Justicia.
“Esto abre la posibilidad de que muchos otros funcionarios también exijan aumentos”, alertó.
Finalmente, Vega cuestionó los criterios de evaluación del desempeño de los magistrados y otros funcionarios públicos, argumentando que no existen parámetros claros para determinar la justificación de estos incrementos salariales.
Hizo un llamado a la reflexión y pidió que se tomen en cuenta las dificultades económicas que enfrenta el país. “Es hora de que prediquemos con el ejemplo. Nosotros somos funcionarios públicos y debemos actuar en consecuencia”, concluyó.
El incremento, que los magistrados pretendían hacer efectivo a partir de febrero, fue justificado como un esfuerzo para equiparar los salarios de los jueces panameños con los de sus colegas en la región. Sin embargo, este argumento no convenció a muchos, especialmente a los miembros de la Asamblea, que cuestionaron la oportunidad de aplicar un ajuste de esa magnitud en un momento donde las finanzas públicas atraviesan una difícil situación.
