La Comisión de Educación, Cultura y Deportes de la Asamblea Nacional aprobó en primer debate, este miércoles 3 de septiembre, el proyecto de ley que busca despolitizar las federaciones deportivas, una iniciativa presentada por el diputado de Vamos, Roberto Zúñiga.
La propuesta, que prohíbe a funcionarios públicos, familiares y dirigentes de partidos ocupar cargos directivos en estas organizaciones, generó debate en la mesa legislativa, donde la bancada del Partido Revolucionario Democrático (PRD), representada por el diputado Nixon Andrade, optó por abstenerse, marcando distancia frente a un proyecto que promete transformar la gobernanza del deporte nacional.
La iniciativa surge como respuesta a las denuncias sobre la injerencia de funcionarios, familiares y dirigentes de partidos políticos en las estructuras deportivas o federaciones, lo que, según los proponentes, ha debilitado la independencia y la transparencia en la gestión de estas organizaciones.
El texto establece una prohibición expresa para que funcionarios públicos, sus familiares hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad, así como dirigentes de partidos políticos, ocupen cargos directivos en federaciones, ligas provinciales o clubes deportivos.
Con ello, se busca blindar a las organizaciones deportivas de intereses ajenos al desarrollo atlético y garantizar que sus decisiones se basen en criterios técnicos y profesionales.
Además, el proyecto incluye medidas de transparencia. Todas las federaciones que reciban fondos estatales deberán presentar anualmente un informe de gestión, una auditoría externa y un informe contable.
Estos documentos deberán ser publicados en la página web de la institución gubernamental encargada de supervisarlas, quedando a disposición del escrutinio público. El incumplimiento de este requisito acarreará sanciones, que van desde la inhabilitación para ocupar cargos hasta la suspensión de los desembolsos estatales.
La iniciativa también contempla programas de capacitación en ética, transparencia y gestión financiera para directivos y empleados de las federaciones.
La defensa del atleta
Según Zúñiga, esta propuesta responde al clamor de los atletas. “Desde la histórica medalla de oro de Irving Saladino hemos visto cómo la política se mete en el deporte”, recordó, al señalar que la iniciativa pretende garantizar mayor transparencia, mitigar la injerencia partidista y exigir rendición de cuentas en el manejo de los subsidios que el Estado entrega a las organizaciones deportivas.
Zúñiga enfatizó que estos recursos pertenecen a todos los panameños y deben destinarse al verdadero propósito del deporte: generar oportunidades, alegrías y triunfos internacionales. “Si no hay transparencia, no habrá desembolso”, advirtió.
Otro de los puntos centrales es la prohibición para que funcionarios públicos en ejercicio y sus familiares hasta el segundo grado de consanguinidad ocupen cargos en federaciones o ligas deportivas. El diputado aseguró que con esta medida se busca evitar conflictos de interés y romper con la práctica de que autoridades electas controlen estas organizaciones.
Sobre la abstención del diputado perredista Nixon Andrade en el primer debate, Zúñiga interpretó que obedeció a presiones internas de su partido, donde —aseguró— uno de sus dirigentes más influyentes mantiene a un familiar al frente de una federación deportiva.
Algunos casos
Varios diputados panameños han mantenido durante años posiciones de poder dentro de las federaciones deportivas, generando críticas por el uso político de estas estructuras y por el manejo de fondos estatales. Hay casos como el de Benicio Robinson, expresidente de la Federación Panameña de Béisbol (Fedebeis), organización que ahora es dirigida por el hijo del diputado, Jaime Robinson.
También está el del exdiputado Franz Wever en la natación y el exdiputado Javier Ortega en el voleibol, así como otros funcionarios en ligas provinciales, que evidencian cómo la política se ha mezclado con el deporte federado. Estas conexiones han levantado cuestionamientos sobre conflictos de interés y sobre la falta de independencia en la administración de los recursos destinados al desarrollo atlético.
Incluso, investigaciones y auditorías de la Contraloría han revelado que, en algunos periodos, hasta el 90 % de los fondos de Pandeportes se dirigieron a ligas y federaciones vinculadas a diputados o figuras políticas.
