La Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional aprobó jueves un traslado de partida por $30 millones solicitado por la Autoridad Nacional de Descentralización (AND) para cubrir parte de la deuda acumulada con municipios y juntas comunales por ingresos del impuesto de bienes inmuebles.
Pero en medio de la sesión se generó un áspero intercambio entre la directora de la entidad, Roxana Méndez, y el diputado bocatoreño Benicio Robinson, presidente del Partido Revolucionario Democrático (PRD).
Robinson, diputado del circuito 1-1 Bocas del Toro, convirtió su intervención en una ofensiva política contra la directora de la AND. La acusó de concentrarse en investigaciones contra alcaldes y representantes del PRD mientras, según él, descuidó la administración de la descentralización y la entrega de fondos a municipios.
“Si usted hubiera atendido su presupuesto no estuviéramos colgando con más de 390 millones de dólares que no le han dado a descentralización para poder hacer su trabajo”, dijo el diputado.
La tormenta de la descentralización paralela
El veterano dirigente del PRD también señaló a Méndez por los procesos iniciados en el Ministerio Público relacionados con la llamada descentralización paralela.
“Si no hubiera entrado solamente a perseguir a los PRD en las juntas comunales y a los municipios (...) se hubiera ubicado mejor en cómo administrar bien la descentralización”, manifestó Robinson en tono desafiante.
Bocas del Toro, donde Robinson ha consolidado su feudo político, recibió al menos $28.9 millones de la descentralización paralela, entre 2021 y 2023, durante el gobierno del perredista Laurentino Cortizo.
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El diputado insistió varias veces en que existe una “persecución” contra alcaldes y representantes vinculados al PRD, e incluso incluyó en ese grupo a miembros de Cambio Democrático y del Partido Panameñista.
Además cuestionó que las auditorías no fueran canalizadas directamente a través de la Contraloría General de la República.
Méndez respondió sin esquivar el choque.
“Lamento, diputado Robinson, que siga sintiéndose tan afectado por las denuncias”, contestó la directora de la AND.
Luego defendió las investigaciones relacionadas con los fondos de la entidad. Según explicó, la entidad remitió al Ministerio Público expedientes vinculados a $320 millones “sin justificación”, de los cuales, afirmó, algunos casos ya lograron sustentar el uso de recursos.
“El Ministerio Público es el que da respuesta a los $238 millones que no pudieron ser sustentados y que ellos están investigando”, añadió.
La directora también rechazó las críticas sobre la distribución de fondos y aseguró que gobiernos anteriores omitieron reconocer el crecimiento real de la recaudación del impuesto de bienes inmuebles.
“Por primera vez un gobierno reconoce la totalidad de lo que la estimación real corresponde”, afirmó.
Méndez defendió además la fórmula utilizada para repartir los recursos entre municipios. Explicó que el cálculo toma en cuenta recaudación, población y mecanismos de compensación para alcaldías con menores ingresos.
Robinson, sin embargo, insistió en que la información entregada a los diputados no aclaraba si los fondos ya habían sido desembolsados o solo proyectados.
“Yo no estoy preguntando lo que se ha memorizado la señora administradora anoche de este documento”, dijo el diputado en otro tenso momento de la jornada.
Al final, pese al ambiente cargado de reproches y acusaciones, el traslado recibió luz verde.
La solicitud recibió 10 votos a favor, una abstención (la de Robinson) y ningún voto en contra.
