Con 46 votos a favor, el pleno de la Asamblea Nacional aprobó este miércoles 29 de abril, en tercer debate, el proyecto de ley 571, una iniciativa impulsada por el diputado perredista de Bocas del Toro, Benicio Robinson, que reconfigura el marco de protección de los arrecifes coralinos y los ecosistemas asociados.
La votación marca un giro en la política ambiental reciente, al introducir cambios a la Ley 304 de 2022, que durante cuatro años fue presentada como un avance clave en la defensa integral de estos hábitats marinos.
El punto de quiebre está en la modificación del artículo 12. Mientras la legislación vigente prohibía de forma categórica cualquier tipo de construcción o intervención en arrecifes, pastos marinos y zonas vinculadas, el nuevo texto abre una ventana regulatoria.
La potestad pasa ahora al Ministerio de Ambiente, que deberá definir bajo qué condiciones se permiten intervenciones en los pastos marinos y sus ecosistemas asociados, lo que diluye el carácter restrictivo que hasta ahora funcionaba como una barrera legal.
En el caso de los arrecifes coralinos, la propuesta incorpora un nuevo artículo que mantiene la prohibición de actividades que generen “daño directo” sobre estos sistemas, tanto en el agua como en el sustrato.
Sin embargo, la redacción introduce un matiz que no pasa desapercibido: al acotar la restricción a la existencia de un daño comprobable, deja margen para interpretaciones sobre qué tipo de intervención podría considerarse permisible, un punto que ya empieza a generar tensiones entre sectores ambientales y los promotores de la iniciativa.
El debate
El diputado Benicio Robinson hijo defendió en el pleno la iniciativa bajo el argumento de que busca corregir tensiones surgidas tras la aprobación de la Ley 304 de 2022, una norma que —según dijo— generó diferencias entre sectores ambientales, técnicos y comunidades costeras.
Sostuvo que el proyecto no elimina la protección de los arrecifes, sino que intenta hacerla compatible con la realidad económica de zonas como Bocas del Toro, donde el turismo, el buceo y la pesca artesanal son fuentes directas de ingresos. “No se trata de frenar el desarrollo del país”, planteó, al insistir en que la propuesta busca un punto de equilibrio entre conservación y actividad económica.
El diputado también aseguró que la reforma se limita a dos artículos y que, lejos de representar un retroceso, refuerza el rol del Ministerio de Ambiente al otorgarle facultades para regular las intervenciones en estos ecosistemas. Argumentó que la iniciativa cuenta con respaldo técnico e institucional, así como con el aval de actores locales vinculados al turismo y la actividad comercial.
A su juicio, el problema de fondo es que la normativa vigente impone restricciones que, en la práctica, dificultan el sustento de comunidades costeras, por lo que defendió una regulación “más adaptada a la realidad”, que proteja el entorno sin bloquear las actividades que dependen de él.
La advertencia
No obstante, biólogos como Isaías Ramos y Héctor Guzmán consideran que la reforma representa un retroceso frente al esquema de protección vigente, al pasar de una prohibición expresa de construcciones y afectaciones —directas e indirectas— sobre corales y pastos marinos a un modelo en el que estas intervenciones podrían ser evaluadas y eventualmente aprobadas por el Ministerio de Ambiente.
Según explican, la iniciativa abre la puerta a que proyectos y estudios sean autorizados mediante criterios administrativos, eliminando el carácter restrictivo que antes blindaba estos ecosistemas.
Por ejemplo, Guzmán advierte que flexibilizar la ley no solo rompe ese consenso construido, sino que también favorecería intereses particulares, dejando como saldo una pérdida significativa para los recursos marinos del país.
